La tranquilidad del asentamiento humano Ampliación Tiwinza, ubicado en la zona de Sarita Colonia, fue interrumpida bruscamente con el asesinato a balazos de Lidia Soledad Vásquez Salazar. La joven, de 21 años, falleció dentro de su propia vivienda tras ser atacada por desconocidos armados. Este hecho violento no solo ha cobrado una vida humana, sino que también ha dejado a otra persona en estado grave, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica especializada.
La respuesta policial y la investigación forense
Tras recibir el reporte sobre un tiroteo con heridos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron rápidamente al inmueble. Al llegar a la escena, los efectivos encontraron sin vida a Lidia Soledad Vásquez Salazar, quien presentaba múltiples impactos de bala en su cuerpo. Inmediatamente, personal de la Comisaría de Sarita Colonia procedió a acordonar el área para preservar las evidencias del crimen.
Peritos especializados de Criminalística iniciaron las diligencias técnicas necesarias para recoger pruebas y reconstruir los hechos. Hasta este momento, las autoridades mantienen en reserva la identidad exacta de los presuntos autores y no han revelado un móvil claro para el ataque. La investigación se encuentra en sus etapas iniciales, con el objetivo prioritario de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia.
Preocupación vecinal y reclamos por seguridad
Más allá del impacto inmediato del crimen, este incidente ha generado una profunda inquietud entre los residentes de Ampliación Tiwinza. Los vecinos han manifestado su preocupación ante el incremento percibido en la violencia dentro de sus comunidades. La sensación de vulnerabilidad se ha extendido rápidamente por el barrio, donde la seguridad pública es un tema recurrente en las conversaciones cotidianas.
Ante esta situación, los habitantes del asentamiento humano han solicitado formalmente a las autoridades un mayor despliegue policial y acciones concretas para reforzar la protección de la zona. La demanda refleja una necesidad urgente de recuperar la confianza en el sistema de seguridad ciudadana. Este caso pone sobre la mesa la fragilidad que enfrentan muchas familias en zonas periféricas, donde la presencia del Estado debe ser efectiva no solo como respuesta punitiva, sino como garante de derechos fundamentales.
