El caso de la muerte de Zoila Castillo y su hijo de seis años en la provincia de Tocache, región San Martín, ha registrado un giro significativo con la confesión del principal sospechoso, Alexis Alcántara. Este detenido reconoció ante la Policía Nacional ser el autor de ambos crímenes durante las diligencias posteriores a su captura. Aunque esta declaración constituye un avance procesal, la ley exige que formalice este testimonio ante el Ministerio Público para que tenga plena validez jurídica. Actualmente, Alcántara permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) bajo una orden de detención preliminar por siete días, mientras continúan las pesquisas para determinar la secuencia exacta de los hechos.
La reconstrucción de los hechos y la búsqueda de la verdad
Los antecedentes del caso señalan que Zoila Castillo, de 29 años, viajó el 14 de mayo desde Lima hacia Tarapoto acompañada de su hijo, con el propósito de encontrarse con Alcántara. Tras su llegada, la comunicación con la joven madre se interrumpió, lo que llevó a sus familiares a reportar su desaparición. Posteriormente, las rondas campesinas hallaron los restos del menor en una zona de Uchiza, y poco después, los cuerpos de Zoila Castillo fueron localizados a pocos metros. La investigación se centró en Alcántara, quien ahora ha admitido su presunta responsabilidad, aunque las autoridades continúan reuniendo elementos de prueba para esclarecer las circunstancias que precedieron a la tragedia.
Evidencia digital: el nuevo frente de la investigación
Mientras la confesión del detenido avanza, los peritos y investigadores se han volcado al análisis de dispositivos móviles para reconstruir las comunicaciones previas al viaje. Se ha revelado que Zoila utilizaba dos teléfonos celulares, uno para trabajo y otro personal. Un hallazgo crucial fue el descubrimiento de un equipo completamente calcinado junto al cuerpo del niño. Sin embargo, la atención se centra en otro dispositivo desde el cual se publicó un estado de WhatsApp con un paisaje de la selva cuando la víctima ya no mantenía contacto. Las autoridades buscan determinar quién tuvo acceso a este teléfono y realizó dicha publicación, contrastando esta información digital con la versión brindada por Alcántara para obtener una visión completa de los eventos.
Implicaciones y el camino judicial restante
La confesión de Alcántara no cierra automáticamente el caso, sino que abre una nueva etapa de verificación. La justicia peruana requiere que cada afirmación sea corroborada con pruebas físicas y digitales para garantizar un proceso justo y riguroso. El análisis de los registros, mensajes y la ubicación de los dispositivos será fundamental para entender la dinámica entre las víctimas y el acusado. Este caso, que ha conmocionado a la región de San Martín, sigue siendo un recordatorio de la complejidad en la investigación de crímenes violentos y la importancia de la evidencia forense y digital para alcanzar la verdad judicial.
