El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves una orden que permite transacciones financieras a Venezuela, previamente prohibidas por el régimen sancionatorio vigente. Esta autorización se aplica específicamente en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia los miércoles anteriores. La medida tiene una vigencia hasta el próximo 23 de octubre de 2026, buscando facilitar las labores de socorro tras un sismo que ha dejado más de 180 muertos en la nación sudamericana.
El marco legal y sus límites
La directriz emitida por Washington aclara que esta autorización no implica el desbloqueo general de bienes sujetos al Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR). Según lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las operaciones permitidas se limitan estrictamente a aquellas relacionadas con los trabajos de socorro. La orden especifica que no aplica a ninguna otra transacción o actividad prohibida por otras Órdenes Ejecutivas, manteniendo así el marco legal restrictivo en otros ámbitos.
Este ajuste llega en un contexto político particular. Desde la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Esta serie de flexibilizaciones sugiere una reconfiguración gradual del régimen de sanciones bajo el nuevo liderazgo venezolano.
Respuesta humanitaria internacional
Antes de anunciar esta autorización financiera, el Departamento de Estado de EE.UU. había confirmado en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela. Adicionalmente, se destinaron otros 50 millones para operar sobre el terreno.
Los efectos sísmicos han sido particularmente devastadores en localidades como Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, donde la vista de los daños registrados en varios edificios refleja la magnitud del desastre. Con un saldo que sube a 188 fallecidos y más de 1.500 heridos según las cifras actualizadas, Venezuela enfrenta uno de sus momentos críticos recientes.
Una perspectiva sobre el impacto
La decisión estadounidense plantea una distinción clara entre la presión económica política y la asistencia humanitaria inmediata. Al permitir estas transacciones específicas hasta finales de 2026, Washington busca mitigar el sufrimiento civil sin alterar estructuralmente las sanciones que han definido su relación bilateral en los últimos años.
La comunidad internacional observa con atención cómo esta medida se integra dentro del nuevo escenario político venezolano. La combinación de ayuda financiera directa y la flexibilización controlada de restricciones comerciales representa un enfoque pragmático ante una emergencia geológica sin precedimientos recientes, mientras el país busca estabilizarse tras los eventos sísmicos.
