El gobierno ha dispuesto, mediante un Decreto Supremo, la presencia de las Fuerzas Armadas en los penales de Lima y Callao. Esta decisión busca reforzar el control y la seguridad en estos centros de reclusión, una medida que ya se ha implementado en otras regiones del país ante la crisis carcelaria.
No obstante, desde el mando militar se emitió una advertencia clara: consideran que esta intervención «no va a tener ningún resultado positivo». La postura oficial sugiere que, sin cambios estructurales o medidas complementarias, la presencia de los militares por sí sola no resolverá los problemas subyacentes en las instituciones penitenciarias, tema que ya cubrimos en Lima y Callao tendrán comando unificado contra la criminalidad.
Para el vecino limeño y callauno, esta noticia marca un punto de inflexión en la gestión de la seguridad pública. La llegada de efectivos militares a los penales genera expectativas sobre si esto traducirá en una reducción real de la violencia o fugas, aunque la propia fuente militar pone en duda la eficacia de este enfoque aislado.
