El Gobierno ha publicado el Decreto Supremo N.° 115-2026-PCM, declarando por 60 días el estado de emergencia en 13 distritos de la región Junín y cuatro de Huancavelica, afectados por los recientes movimientos sísmicos. Esta medida establece el marco legal necesario para que las municipalidades locales, junto con el Gobierno Regional y otros sectores del Ejecutivo, ejecuten acciones inmediatas de respuesta humanitaria y rehabilitación de infraestructura crítica.
Requisitos técnicos para acceder al FONDES
Junto a la declaratoria oficial, se ha establecido un procedimiento estricto que los gobiernos locales deben seguir. El director ejecutivo de INDECI Junín, Julio Gálvez, explicó que la asistencia técnica será brindada esta misma semana. Su objetivo es guiar a las autoridades municipales en el llenado correcto de formatos y cumplimiento de requisitos administrativos para evitar que sus requerimientos sean rechazados o reboten, como informó El Comercio.
Esta intervención busca facilitar la gestión del Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES). Bajo este esquema, los gobiernos locales pueden gestionar previamente hasta S/100 mil y el Gobierno Regional hasta S/500 mil. Sin embargo, se aclara que no existe una transferencia automática de dinero; las autoridades deben sustentar sus necesidades específicas mediante la presentación de fichas técnicas o proyectos detallados, tema que ya cubrimos en Emergencia en siete distritos de Junín y Huancavelica tras sismos.
Fortalecimiento de equipos de respuesta
El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, precisó que los municipios tienen la facultad de realizar modificaciones presupuestales con sus propios recursos para atender la emergencia. No obstante, el registro actualizado y riguroso del daño es fundamental, ya que las réplicas pueden agravar las afectaciones en viviendas, colegios, establecimientos de salud y vías de comunicación, como contamos en Emergencia en siete distritos de Junín y Huancavelica tras sismos.
Ante la sobrecarga operativa detectada en algunos gobiernos locales, se ha planteado fortalecer los equipos de voluntariado para agilizar las evaluaciones in situ. La prioridad es asegurar que cada distrito cuente con el respaldo financiero necesario para recuperar sus medios de vida e infraestructura pública tras estos eventos sísmicos.
