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La tensión entre regulación y libertad artística en Perú

La tensión entre regulación y libertad artística en Perú

El debate sobre la Ley 32645 revela un choque frontal entre la institucionalización del sector cultural y los derechos de creadores autodidactas.

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La iniciativa legislativa presentada por la diputada Rossana Alayza, de la bancada del Buen Gobierno, busca derogar definitivamente la Ley N° 32645. Esta norma, aprobada el pasado 13 de junio de 2026 por el Congreso unicameral, estableció la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú y exigió su colegiatura obligatoria para ejercer diversas disciplinas artísticas en el territorio nacional.

El choque entre burocracia y creatividad

La argumentación central de esta propuesta radica en defender la libertad de trabajo y la libre expresión artística. La legisladora sostiene que imponer exigencias académicas, administrativas o requisitos formales como un título profesional colisiona directamente con la naturaleza del quehacer artístico. Alayza advierte que este marco regulatorio generaría una exclusión inmediata contra quienes desarrollan su talento de forma empírica y transmiten sus saberes a través de generaciones sin haber cursado educación formal, como contamos en Cultura como espacio público, no botín político.

La propuesta cuestiona que se pretenda requerir un título profesional o inscripción formal para poder ejercer disciplinas artísticas, lo cual podría traducirse en mecanismos de control sobre el desarrollo cultural del país.

Riesgos de la injerencia gremial

Más allá de los requisitos académicos, la iniciativa parlamentaria alerta sobre las atribuciones regulatorias que poseería este nuevo organismo. Según el proyecto presentado por el Buen Gobierno, otorgar facultades de supervisión al colegio representa un riesgo inminente de injerencia en la actividad cultural. Esta dinámica podría derivarse en restricciones para el desarrollo de eventos independientes y presentaciones artísticas.

Implicancias del debate

El proyecto insiste en eliminar esta ley para restablecer las condiciones de libre desarrollo de las artes, salvaguardando a los creadores de cualquier obligatoriedad. Este escenario refleja una tensión estructural entre la búsqueda de institucionalización gremial y la defensa de derechos individuales sobre el ejercicio creativo.

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