La Municipalidad de Lima ha declarado la seguridad ciudadana en situación de emergencia y de interés metropolitano. Esta medida, publicada ayer en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano mediante la Ordenanza N° 2856, tiene como objetivo principal reforzar la prevención, el control y la respuesta ante las amenazas que afectan actualmente a la capital. La norma establece que esta declaratoria de urgencia regirá durante un periodo de 60 días calendario.
Refuerzo operativo y tecnológico
Durante este período de emergencia, la comuna limeña podrá fortalecer significativamente su capacidad operativa. Entre las acciones específicas permitidas por la ordenanza se encuentra el refuerzo del serenazgo municipal y los sistemas de videovigilancia existentes en la ciudad. Además, el documento señala que la administración local estará habilitada para adquirir bienes y servicios necesarios, así como contratar consultorías de obra ejecutar intervenciones necesarias para mitigar riesgos o atender situaciones urgentes relacionadas directamente con la seguridad.
Flexibilidad en contrataciones
Para agilizar estos procesos, la ordenanza permite optimizar la gestión de contrataciones mediante procedimientos de selección no competitivos por causal de emergencia. Esta flexibilidad se ampara en lo dispuesto por la Ley N° 32069 y su reglamento. Asimismo, se podrá suscribir convenios con entidades públicas y privadas para obtener el apoyo logístico y tecnológico indispensable que requiera la gestión municipal.
Coordinación interinstitucional
El cumplimiento de estas medidas estará a cargo principalmente de la Gerencia Municipal Metropolitana, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Oficina de Logística y otros órganos competentes. El Órgano de Control Institucional realizará acciones de control concurrente para supervisar el uso adecuado de estos recursos extraordinarios, más contexto en MML declara emergencia por seguridad ciudadana en Lima por 60 días.
La ordenanza invoca expresamente a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio del Interior, a las municipalidades distritales y a los comités regional y distrital de seguridad ciudadana (Coresec y Codisec) para coordinar esfuerzos. También se pide la participación activa de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general ante esta nueva realidad metropolitana.
