Minera Caravelí ha emitido una alerta urgente tras denunciar un asedio violento iniciado el pasado 14 de junio por parte de más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro. Juan Carlos Zea, gerente de Recursos Humanos de la compañía, informó que los comuneros han bloqueado las operaciones en la provincia de Pataz, región La Libertad, con el objetivo declarado de tomar control de áreas de concesión para realizar actividades mineras propias. Esta situación ha derivado en un estado de indefensión donde se pone en riesgo la integridad física del personal y directivos que permanecen dentro de las instalaciones.
Amenazas directas y aislamiento operativo
Según lo detallado por Zea, la tensión ha escalado hasta el punto de cercar el campamento minero con la intención de capturar al gerente de operaciones. El ejecutivo advirtió que existe un riesgo inminente de agresión física contra este directivo y calificó la situación como una emergencia extrema donde todo el personal se encuentra secuestrado, sin posibilidad de ingreso ni salida libre. Los manifestantes, movilizados en camionetas 4x4 a gran velocidad, han obligado a los directivos a firmar documentos bajo coacción para paralizar cualquier actividad empresarial.
La brecha de seguridad y el abandono institucional
Una de las dificultades centrales reportadas por la empresa es su ubicación geográfica específica, pegada al distrito de Tayabamba. A diferencia de otras zonas de Pataz como Chugay o Parcoy, donde opera un Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debido a una declaratoria de estado de emergencia, el sector de Caravelí depende exclusivamente de la policía regional. Zea señaló que, pese a los pedidos de auxilio presenciales presentados ante la Policía en Trujillo y las alertas sobre agresiones inminentes, no se ha recibido apoyo ni se ha registrado formalmente la denuncia hasta la fecha.
Impacto ambiental y legal
Más allá del conflicto social, Minera Caravelí ha puesto el foco en los riesgos ecológicos derivados de esta parálisis. El gerente puntualizó que los manifestantes están impidiendo el funcionamiento de las bombas diseñadas para proteger la calidad del agua en la zona del distrito de Huailillas. Ante este deterioro ambiental y la amenaza a la seguridad, la compañía ha reportado estos hechos ante la fiscalía ambiental, buscando mecanismos legales e institucionales que restablezcan el orden y salvaguarden tanto los derechos laborales como el medio ambiente local.
