La gestión del transporte público en San Borja enfrenta un desafío estructural que podría definir las próximas elecciones municipales. El candidato a la alcaldía por Avanza País, Roberth Montoya, ha puesto sobre la mesa una cifra alarmante: en el distrito se han identificado 17 paraderos informales que operan al margen de la regulación oficial.
Ante esta realidad, Montoya señala que la capacidad de respuesta de las autoridades es limitada. Según su análisis, solo existen siete inspectores de la Autoridad Transportes de Lima (ATU) disponibles para intervenir y fiscalizar estas unidades irregulares en el sector. Esta disparidad entre la cantidad de paraderos no autorizados y el personal técnico asignado sugiere dificultades para controlar el flujo de transporte en la zona.
La situación resalta la necesidad de una revisión sobre los recursos humanos destinados a la movilidad en San Borja, ya que la brecha entre la oferta informal y la fiscalización estatal podría afectar la seguridad y el orden urbano del distrito limeño.
