En la tarde del 15 de mayo de 2026, el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) fue testigo de un acto de violencia extrema que ha conmocionado a la comunidad. Marita Celada Cortés fue asesinada y su pareja, Andy Castillo Asencios, resultó herida tras ser baleadas en plena vía pública. El incidente ocurrió en los exteriores de un mercado, específicamente en el cruce de las avenidas El Sol y Wiesse, una zona de alta concurrencia y cercanía a la estación San Carlos del Metro de Lima. Este suceso no solo representa la pérdida de una vida, sino que expone la vulnerabilidad de la ciudadanía en espacios públicos cotidianos.
Los hechos y la respuesta institucional
Según los reportes policiales, la víctima fue atacada por la espalda mientras caminaba. El agresor le disparó en la cabeza con múltiples impactos, lo que provocó su deceso inmediato. Andy Castillo, de 44 años, también recibió disparos y fue trasladada de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho, ubicado en la avenida Canto Grande, para recibir atención médica. La presencia de testigos en el lugar fue significativa; muchas personas permanecieron en la escena observando el trabajo de los peritos y policías, quienes se dedicaron a recolectar evidencia crucial.
La unidad de Criminalística ha logrado recuperar al menos ocho casquillos de bala en la zona del incidente. Estos elementos serán analizados meticulosamente como parte de las investigaciones para identificar al responsable del crimen. La recolección de esta evidencia física es un paso fundamental en el proceso judicial, aunque la identificación del agresor sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades competentes, más detalles en Bitácora Nacional.
Reflexión sobre la seguridad en espacios públicos
Este caso en San Juan de Lurigancho se suma a la lista de incidentes violentos que afectan la percepción de seguridad en Lima. La ubicación del ataque, cerca de una estación de metro y en una vía comercial, subraya la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en áreas de alta densidad poblacional. La violencia armada en lugares públicos no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un clima de incertidumbre y temor en la comunidad.
Es imperativo que las instituciones competentes aceleren las investigaciones y presenten resultados concretos. La justicia debe ser rápida y transparente para garantizar que los responsables sean llevados ante la ley. Mientras tanto, la sociedad civil y las autoridades deben trabajar en conjunto para fortalecer la seguridad en los distritos y prevenir futuros actos de violencia. La recuperación de la confianza en la seguridad pública requiere acciones coordinadas y efectivas, como informó Infobae.
