La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó este sábado 17 de mayo de 2026 que la operación militar y policial para desbloquear las carreteras en el departamento de La Paz dejó un saldo de 47 personas detenidas y cinco heridas. Este balance se produce en medio de una intensa jornada de confrontación en las ciudades de La Paz y El Alto, donde manifestantes utilizaron piedras y explosivos para frenar el avance de las fuerzas del orden. La entidad defensora de derechos humanos confirmó que está monitoreando la situación de los detenidos y buscando la asignación de abogados de defensa pública, al tiempo que documentó agresiones contra periodistas y afectaciones humanitarias derivadas de los bloqueos que se prolongan desde hace once días.
El costo humano y la respuesta institucional
Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, detalló que las heridas registradas incluyen afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica, aunque no se proporcionaron más especificaciones sobre la gravedad de los casos. La institución también verificó agresiones e impedimentos al trabajo de la prensa, un punto que Callisaya consideró prioritario proteger. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos periodistas de canales locales sufrieron lesiones en una emboscada en el sector de Lipari, al sur de La Paz, donde uno de ellos fue retenido con violencia y le destruyeron su teléfono móvil.
Ante este escenario, la Defensoría ha recibido denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante los operativos, las cuales se encuentran en proceso de verificación. Callisaya remarcó que la prioridad debe ser la protección de la vida y la convivencia pacífica, exhortando al diálogo y analizando con la Iglesia católica la posibilidad de generar un espacio para la desescalada del conflicto.
Presión social y demanda política
El contexto de esta crisis se intensifica por la movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz. Estos sectores, mediante protestas callejeras y bloqueos de carreteras, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, argumentando que el mandatario no puede solucionar los conflictos del país. La operación del gobierno buscaba despejar las rutas principales para abrir un corredor humanitario que permitiera el paso de camiones con combustibles y oxígeno medicinal, así como vehículos particulares.
La resistencia fue particularmente fuerte en la zona de Río Seco en El Alto, donde los manifestantes respondieron a los gases lacrimógenos con cargas de dinamita. Ante la escalada de violencia y la imposibilidad de garantizar la seguridad de ambos bandos, el Gobierno ordenó el repliegue de policías y militares para evitar un derramamiento de sangre, desbloqueando parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro. La situación refleja una profunda fractura social que requiere, según los actores involucrados, una solución negociada que vaya más allá de la fuerza.
