La jueza ecuatoriana Lady Pachar Huanca fue asesinada a balazos la tarde del lunes 11 de mayo en la provincia de El Oro, específicamente en la vía Colón Tinoco del municipio de Machala, una zona limítrofe con Perú. La magistrada, quien laboraba en un juzgado del cantón Santa Rosa, fue interceptada por sujetos en motocicletas mientras se desplazaba en su vehículo. Las autoridades confirmaron su fallecimiento en el lugar y han iniciado una investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen, el cual ha generado profunda preocupación en el país por la vulnerabilidad de los funcionarios del sistema de justicia.
La paradoja de la protección judicial
Uno de los aspectos más críticos que emergen de este caso es la contradicción entre la amenaza conocida y la realidad del ataque. El jefe policial de El Oro, Renato González, informó que la magistrada había reportado amenazas semanas antes de su muerte. Debido a esa situación, contaba con medidas de protección por parte de las autoridades, incluyendo el sistema de víctimas y testigos y la Dirección Nacional de Protección de Personas de la Policía Nacional. Sin embargo, al momento del ataque, el agente asignado a su seguridad no se encontraba con ella. Esta ausencia es ahora el centro de las pesquisas, que buscan determinar por qué el esquema de protección falló en el momento crucial.
El contexto de la frontera sur
El asesinato ocurrió en una zona fronteriza con Perú, un área que históricamente ha presentado desafíos logísticos y de seguridad. Durante las diligencias iniciales, la Policía ecuatoriana encontró dos automóviles incendiados en zonas cercanas al lugar del crimen, los cuales podrían haber sido utilizados por los responsables para facilitar su escape. Los agentes realizan el seguimiento de cámaras de seguridad y otras diligencias para identificar a los implicados, reconstruyendo el trayecto presumido por los atacantes. La geografía de El Oro, con su dinámica de movilidad transfronteriza, complica las tareas de rastreo y captura de los sospechosos.
Reacciones institucionales y el debate pendiente
El Consejo de la Judicatura de Ecuador expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de trabajo de la jueza. A través de un pronunciamiento, la entidad manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de la servidora judicial y condenó enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida e integridad de quienes cumplen funciones en el sistema judicial. Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de funcionarios judiciales en Ecuador, cuestionando la eficacia de los protocolos existentes y la capacidad del Estado para garantizar la integridad física de quienes administran justicia en zonas de alto riesgo.
