El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia de profundo impacto en la seguridad alimentaria del país, ordenando la suspensión temporal de cinco plaguicidas —glifosato, clorpirifos, metomil, imidacloprid y clothianidin— destinados a la producción de alimentos para el consumo interno. Esta medida cautelar responde al reconocimiento explícito de riesgos graves para la vida y la salud de los peruanos, así como a la declaración de un estado de cosas inconstitucional derivado de las deficiencias estructurales del Estado en el control de residuos pesticidas.
La falla estructural del sistema
Más allá de la prohibición puntual, el fallo identifica una crisis sistémica. El máximo intérprete de la Constitución concluye que existe una insuficiente coordinación entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), los gobiernos regionales y las municipalidades. Esta falta de articulación impide garantizar un control efectivo sobre los residuos presentes en los alimentos, comprometiendo derechos fundamentales como la salud, el derecho a un ambiente equilibrado y la protección del consumidor.
Evidencia científica y doble estándar
La decisión se sustenta en datos concretos. Monitoreos oficiales entre 2020 y 2023 revelaron que productos de consumo masivo, como el tomate, pimiento y betarraga, presentan reiterados incumplimientos de los Límites Máximos de Residuos (LMR). En 2021, el 77,4% de las muestras de tomate fueron no conformes; en análisis recientes, ninguna muestra de ciertos vegetales cumplió con la norma. El magistrado Gutiérrez Tics señaló explícitamente que existe un "doble estándar inaceptable" donde se exporta lo inocuo y se comercializa localmente lo tóxico.
Hacia una reevaluación integral
El TC ordena al Senasa desarrollar una reevaluación científica reforzada de los ingredientes activos cuestionados, basada en estándares internacionales. Se exige fortalecer la trazabilidad alimentaria e inmovilizar productos riesgosos bajo el principio precautorio: ante indicios razonables de daño serio a la salud, las autoridades deben actuar preventivamente sin esperar certeza absoluta.
