Durante años, una narrativa curiosa ha acompañado al Perú en los mercados internacionales: la idea de que su inestabilidad política crónica no importa demasiado. Los presidentes caían, los congresos se disolvían, las protestas estallaban, pero la economía seguía funcionando en piloto automático. Los inversores encogían los hombros. Hasta ahora.
Una prolongada fuga en el gasoducto de gas natural del país —operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), vinculada al consorcio Camisea— está poniendo en evidencia lo que muchos analistas advertían: que la disfuncionalidad institucional tiene costos reales, tangibles y acumulativos. Bloomberg ha señalado este episodio como un caso emblemático de cómo la fragilidad del Estado peruano termina afectando infraestructura crítica, cadenas de suministro energético y, en última instancia, la confianza del capital.
Un gasoducto roto y un Estado que no responde
El incidente no es menor. La fuga en el sistema de transporte de gas natural de Camisea ha generado interrupciones en el suministro energético, afectando tanto a la generación eléctrica como al abastecimiento industrial. En un país donde el gas de Camisea representa una porción significativa de la matriz energética, cualquier interrupción prolongada tiene efectos en cascada.
Lo revelador no es solo la fuga en sí, sino la respuesta institucional —o la falta de ella—. Con un gobierno debilitado, un Congreso fragmentado y entidades reguladoras cuestionadas, la capacidad del Estado peruano para gestionar crisis de infraestructura se ha erosionado visiblemente. No hay una autoridad clara que coordine la respuesta, los plazos de reparación son inciertos y la comunicación con los actores privados es deficiente.
Este vacío de gobernanza no surgió de la nada. Es el producto de años de rotación presidencial extrema —seis presidentes en cinco años—, captura institucional por intereses particulares en el Congreso y una burocracia técnica desmantelada por nombramientos políticos.
La tesis del "piloto automático" se agrieta
Durante mucho tiempo, la tesis dominante entre inversores y analistas de riesgo fue que Perú podía funcionar sin un Estado eficiente. La macroeconomía estaba anclada por un Banco Central de Reserva independiente y respetado, las reglas fiscales se mantenían razonablemente y el sector privado operaba con relativa autonomía. La política era un espectáculo caótico, sí, pero supuestamente irrelevante para los fundamentales económicos.
"La fuga de gas en Perú es un recordatorio de que la inestabilidad política no es gratuita. Eventualmente, la erosión institucional alcanza a la infraestructura, la regulación y los contratos", señala el análisis de Bloomberg sobre el caso.
Esta visión siempre tuvo puntos ciegos. Ignoraba que la inversión en infraestructura requiere marcos regulatorios estables, que los contratos de concesión necesitan interlocutores estatales confiables y que la gestión de emergencias demanda coordinación institucional. Todo lo que precisamente se ha debilitado en el Perú reciente.
Los datos respaldan esta preocupación. La inversión privada en Perú ha mostrado una tendencia declinante en los últimos años, y los megaproyectos de infraestructura acumulan retrasos crónicos. El gasoducto sur peruano, un proyecto complementario que debía diversificar el transporte de gas, lleva años paralizado en un limbo contractual y legal que ningún gobierno ha logrado resolver.
Múltiples lecturas, una misma advertencia
Es importante considerar distintas perspectivas sobre este fenómeno. Desde la derecha empresarial, el diagnóstico apunta a la sobrerregulación, la judicialización de contratos y un Congreso que legisla de manera populista, generando incertidumbre jurídica. Desde la izquierda y los movimientos sociales, el problema es la entrega de recursos estratégicos a consorcios privados sin supervisión adecuada ni beneficios claros para las comunidades locales, particularmente en las regiones andinas por donde pasa el gasoducto.
Ambas lecturas tienen elementos válidos. Lo que las une es un diagnóstico compartido: el Estado peruano no está cumpliendo su función básica de articulador entre intereses públicos y privados, entre desarrollo económico y sostenibilidad social.
Desde una perspectiva internacional, el caso peruano también envía señales preocupantes. En un momento en que América Latina compite por atraer inversión en transición energética y minerales críticos, la incapacidad de Perú para gestionar su propia infraestructura gasífera plantea preguntas sobre su capacidad para manejar proyectos aún más complejos, como los vinculados al litio, el cobre o el hidrógeno verde.
¿Puede Perú revertir esta tendencia?
La respuesta no es sencilla. El país tiene fortalezas innegables: recursos naturales abundantes, una clase empresarial dinámica, instituciones macroeconómicas sólidas y una población joven. Pero estas fortalezas se están erosionando por la base, desde abajo, por la incapacidad de construir consensos políticos mínimos que permitan una gobernanza funcional.
La fuga de gas no es solo un problema técnico. Es una metáfora —demasiado literal— de cómo se escapa el potencial de un país cuando sus instituciones no funcionan. El gas se pierde por las grietas del gasoducto; la confianza inversora se pierde por las grietas del Estado.
Para los mercados, el mensaje debería ser claro: ignorar la política peruana ya no es una estrategia viable. Y para la clase política peruana, la lección es aún más directa: la disfuncionalidad tiene consecuencias, y eventualmente, alguien pasa la factura.
"La estabilidad no es un lujo ideológico. Es una condición básica para que la infraestructura funcione, los contratos se cumplan y la inversión fluya. Perú está aprendiendo esta lección de la manera más costosa."
Queda por ver si este episodio será un punto de inflexión o simplemente otro capítulo en la larga historia de oportunidades perdidas del Perú. La respuesta dependerá, como siempre, de si existe voluntad política para cambiar. Y esa, lamentablemente, sigue siendo el recurso más escaso del país.
