No es la primera vez que el Banco Central de Reserva del Perú lanza esta advertencia, pero la reiteración del mensaje debería preocuparnos más, no menos. En su más reciente análisis, el BCRP ha señalado con claridad que el ruido político interno sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para la evolución de la economía peruana, con efectos potencialmente negativos sobre la inversión privada y el consumo de los hogares.
La pregunta que deberíamos hacernos no es si el diagnóstico es correcto —lo es, y la evidencia lo respalda—, sino por qué seguimos repitiendo el mismo patrón de autosabotaje económico.
La incertidumbre como freno estructural
El BCRP ha identificado que la incertidumbre política interna opera como un lastre persistente sobre la demanda interna. No se trata de un efecto coyuntural ni pasajero: es un problema que se ha instalado como parte del paisaje económico peruano desde hace varios años.
Cuando los agentes económicos —empresarios, inversionistas, consumidores— perciben un entorno político inestable, sus decisiones se modifican. Las empresas postergan proyectos de expansión, los inversionistas extranjeros miran con cautela y las familias tienden a reducir su gasto por precaución. Este mecanismo es bien conocido en la literatura económica y el Perú se ha convertido, lamentablemente, en un caso de estudio.
Los indicadores de confianza empresarial y del consumidor han mostrado vaivenes directamente correlacionados con los episodios de crisis política. Cada amenaza de vacancia, cada enfrentamiento entre poderes del Estado, cada escándalo de corrupción se traduce en puntos menos de inversión privada y en una recuperación más lenta del empleo formal.
Demanda interna: el motor que no termina de encender
La demanda interna es el principal motor de crecimiento de la economía peruana. Comprende el consumo privado, el consumo público y la inversión, tanto pública como privada. Cuando este motor se debilita, los efectos se sienten en toda la cadena productiva: menos ventas para las empresas, menos empleo, menos recaudación tributaria y, en consecuencia, menos capacidad del Estado para invertir en servicios públicos.
El BCRP ha venido ajustando su tasa de referencia en un contexto de inflación controlada, buscando precisamente estimular la actividad económica. Sin embargo, la política monetaria tiene límites claros cuando el problema de fondo es la confianza. Se pueden reducir las tasas de interés, pero si un empresario no confía en la estabilidad del país, simplemente no invierte.
La política monetaria puede abrir la puerta, pero es la estabilidad institucional la que invita a los inversionistas a entrar.
Este es el dilema central: el Perú cuenta con fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos —reservas internacionales adecuadas, inflación bajo control, deuda pública manejable—, pero la inestabilidad política erosiona constantemente esas fortalezas. Es como tener un automóvil con buen motor pero con el freno de mano puesto permanentemente.
El costo de la parálisis política no es abstracto
Conviene ser muy concretos: el ruido político tiene costos reales y medibles. Cuando la inversión privada se contrae o crece por debajo de su potencial, se pierden empleos que pudieron haberse creado. Cuando el consumo se enfría, los pequeños negocios —que sostienen a millones de familias— son los primeros en sufrir.
Según estimaciones previas del propio BCRP, la inversión privada ha mostrado una recuperación insuficiente en los últimos años, en parte explicada por factores de incertidumbre institucional. Proyectos mineros, de infraestructura y de otros sectores estratégicos se mantienen en carpeta, a la espera de señales claras de gobernabilidad.
No se trata de un problema exclusivamente del Ejecutivo o del Congreso. Es un problema sistémico que involucra a toda la clase política. Cada actor que prioriza el cálculo electoral de corto plazo sobre la estabilidad institucional está contribuyendo, directa o indirectamente, a que la economía no alcance su potencial de crecimiento.
Múltiples miradas, un mismo diagnóstico
Es importante señalar que esta advertencia del BCRP no es una voz aislada. Organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial han reiterado que la inestabilidad política es el principal riesgo para la economía peruana. Desde el sector empresarial, los gremios coinciden en el diagnóstico. E incluso desde posiciones más críticas del modelo económico, existe reconocimiento de que la inestabilidad institucional perjudica especialmente a los más vulnerables.
Algunos analistas argumentan que el BCRP debería ser más explícito en sus señalamientos, identificando con mayor precisión qué actores o qué decisiones específicas generan mayor incertidumbre. Otros consideran que el banco emisor hace bien en mantener un tono técnico e institucional, evitando politizar sus pronunciamientos. Lo cierto es que, sea cual sea el enfoque comunicacional, el mensaje de fondo es inequívoco.
¿Hay salida del laberinto?
La advertencia del BCRP debería funcionar como una señal de alerta para quienes tienen responsabilidad política. El crecimiento económico no se sostiene únicamente con buenos indicadores macroeconómicos; requiere un entorno institucional mínimamente predecible.
El Perú necesita con urgencia acuerdos políticos básicos que permitan destrabar inversiones, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos. No se pide unanimidad ni ausencia de debate —eso sería antidemocrático—, sino un mínimo de responsabilidad compartida.
Mientras la clase política siga atrapada en sus propias disputas, el costo lo pagan quienes menos tienen. Y eso, en un país con las brechas sociales del Perú, no es solo un problema económico: es un problema ético.
