Hay una pregunta que economistas, analistas internacionales y ciudadanos de a pie se formulan con creciente perplejidad: ¿cómo es posible que un país con siete presidentes en apenas una década mantenga indicadores macroeconómicos relativamente sólidos? La destitución del presidente interino José Jerí por parte del Congreso marca un nuevo capítulo en la turbulencia institucional peruana, pero los mercados apenas pestañean. La paradoja merece una reflexión profunda.
Un récord que nadie quiere ostentar
Desde 2016, el Perú ha transitado por una sucesión de mandatarios que haría palidecer a cualquier manual de ciencia política. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora José Jerí —cuyo paso por el poder fue efímero— configuran un panorama de inestabilidad institucional sin precedentes en la región.
Cada transición ha venido acompañada de crisis parlamentarias, protestas sociales, acusaciones de corrupción y vacíos de poder que, en cualquier otro contexto, habrían desencadenado un colapso económico. Sin embargo, el Perú se niega a seguir ese guion catastrofista. La pregunta es: ¿hasta cuándo?
Los pilares de una resiliencia macroeconómica
La economía peruana descansa sobre cimientos que trascienden al ocupante de turno del Palacio de Gobierno. Un Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) con autonomía efectiva y credibilidad internacional ha sido, quizás, el mayor escudo contra el desorden político. Su manejo prudente de la política monetaria, el control inflacionario y la gestión de reservas internacionales —que superan los 70,000 millones de dólares— ofrecen un colchón que pocos países latinoamericanos pueden exhibir.
A ello se suma una disciplina fiscal que, con matices, ha sobrevivido a los vaivenes del poder. La deuda pública peruana se mantiene en niveles manejables comparados con el promedio regional, y los tratados de libre comercio firmados en las últimas dos décadas han diversificado parcialmente los mercados de exportación.
La fortaleza económica del Perú no es mérito de sus presidentes, sino de las instituciones técnicas que han logrado blindarse del caos político. Pero toda armadura tiene un límite.
El sector minero, motor principal de las exportaciones, sigue atrayendo inversión extranjera pese a la incertidumbre. El cobre, el oro y otros minerales representan una fuente de divisas que sostiene la balanza comercial, aunque esta dependencia también constituye una vulnerabilidad estructural que ningún gobierno ha logrado —ni intentado seriamente— resolver.
Lo que las cifras macro no cuentan
Sería un error, sin embargo, leer esta resiliencia como un éxito rotundo. Detrás de los indicadores agregados se esconde una realidad mucho más compleja y dolorosa. La informalidad laboral supera el 70%, lo que significa que la mayoría de los peruanos trabajan sin protección social, sin acceso a crédito formal y sin perspectivas de movilidad económica.
La inversión pública en infraestructura, educación y salud se ha visto sistemáticamente afectada por la parálisis gubernamental. Cada cambio de presidente implica rotación de ministros, nuevos equipos técnicos, reformulación de prioridades y, en muchos casos, abandono de proyectos en marcha. El costo de oportunidad es enorme, aunque no aparezca en los titulares sobre el tipo de cambio o la inflación.
Además, la inversión privada —particularmente la de largo plazo— comienza a mostrar señales de fatiga. Los grandes proyectos mineros enfrentan retrasos regulatorios, las concesiones de infraestructura se complican y el clima de negocios se deteriora gradualmente. No es un colapso súbito, sino una erosión silenciosa que podría cobrar factura en los próximos años.
La trampa de la complacencia
Existe un riesgo real en la narrativa de que "la economía aguanta todo". Si los actores políticos internalizan la idea de que pueden seguir destituyendo presidentes, bloqueando reformas y alimentando la confrontación sin consecuencias económicas inmediatas, el incentivo para el cambio desaparece.
Varios analistas advierten que el Perú podría estar consumiendo un capital institucional acumulado durante décadas de reformas estructurales. Es como vivir de los ahorros sin generar nuevos ingresos: funciona hasta que deja de funcionar.
La estabilidad macroeconómica no es infinita. Es un recurso acumulado que se agota si no se renueva con gobernabilidad, reformas y visión de largo plazo.
Países como Venezuela o Argentina no colapsaron de un día para otro. Hubo años de señales ignoradas, de deterioro gradual que los indicadores macro lograban disimular hasta que ya no pudieron. No se trata de comparaciones exactas —las diferencias estructurales son evidentes—, pero la lección histórica es clara: ninguna economía es inmune a la disfunción política permanente.
¿Qué necesita el Perú para romper el ciclo?
La respuesta no es exclusivamente económica ni exclusivamente política: es institucional. El Perú necesita un pacto mínimo de gobernabilidad que permita a cualquier presidente —del signo que sea— completar su mandato y ejecutar políticas públicas con un horizonte temporal razonable.
La reforma del sistema político, incluyendo las reglas electorales, los mecanismos de vacancia presidencial y el fortalecimiento de los partidos, es una deuda pendiente que cada crisis agrava. Sin partidos sólidos, sin contrapesos institucionales funcionales y sin una clase política comprometida con algo más que la supervivencia inmediata, el círculo vicioso continuará.
Mientras tanto, la economía peruana seguirá siendo ese enigma que desafía la teoría. Pero sería profundamente irresponsable confundir resistencia con salud. El Perú no necesita solo una economía que sobreviva al caos; necesita una democracia que funcione lo suficientemente bien como para que esa economía pueda, finalmente, transformar la vida de millones de peruanos que siguen esperando.
