Gremio del transporte exige respuestas a Fujimori por inseguridad
ACTU manifiesta su rechazo ante la ola de criminalidad que afecta al sector y solicita intervención inmediata del gobierno.
La Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU) ha expresado su profunda preocupación y rechazo frente a la creciente ola de criminalidad que afecta al transporte urbano en Lima y Callao. Esta declaración oficial busca visibilizar el riesgo constante al que se enfrentan los trabajadores del sector, quienes operan diariamente bajo condiciones de inseguridad crecientes.
Rechazo frontal ante la violencia
El gremio ha hecho pública su posición para exigir ser escuchados por las autoridades. La preocupación no es solo teórica; responde a una realidad palpable en las calles donde los vehículos de transporte público son blanco frecuente de asaltos y otros delitos. ACTU enfatiza que la situación actual compromete directamente la operatividad del servicio y, sobre todo, la integridad física tanto de los conductores como de los pasajeros.
Exigencia al gobierno
Frente a este escenario, el organismo ha dirigido su reclamo específicamente hacia el gobierno de Keiko Fujimori. La solicitud es clara: se requiere una intervención inmediata y efectiva para frenar la escalada delictiva en las rutas urbanas. Para los transportistas, no basta con declaraciones genéricas; necesitan medidas concretas que garanticen un entorno seguro para poder cumplir con su labor diaria sin temor a represalias criminales, como contamos en CGTP marcha por Lima contra facultades laborales del gobierno de Keiko Fujimori.
Impacto en el servicio
La inseguridad en el transporte público tiene implicaciones directas para la vida limeña. Cuando los conductores se sienten amenazados, pueden reducir sus horarios o evitar ciertas zonas, lo que afecta la disponibilidad del servicio para los vecinos de Lima y Callao. ACTU busca poner este tema en la agenda política prioritaria, entendiendo que sin seguridad vial no hay movilidad eficiente.
