La cifra de 64 choferes del transporte urbano asesinados en lo que va del 2026 no es solo un dato estadístico; es el termómetro de una crisis institucional que ha alcanzado niveles críticos. Según confirmó este martes el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, estos homicidios han sido cometidos por presuntos sicarios y extorsionadores en Lima. Ante esta realidad, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, ha alertado que el problema no solo persiste, sino que se ha acentuado hasta generar una preocupante normalización de la muerte dentro del sector.
La economía ilegal y la vulnerabilidad estructural
Vargas detalló en su intervención con RPP cómo opera esta violencia sistémica. A diferencia de ataques esporádicos, se ha consolidado un modelo de cobro directo a las unidades, exigiendo montos diarios cercanos a los 20 soles por conductor. Esta modalidad aprovecha la naturaleza del negocio, basado en el manejo constante de efectivo y la falta de control policial en paraderos estratégicos.
La denuncia más contundente proviene del dirigente gremial: asegura que el 100% de las empresas están siendo extorsionadas. Los criminales han logrado mapear placas, unidades e incluso información personal de los trabajadores, demostrando una capacidad organizativa superior a la respuesta estatal actual. Esta presión ha forzado un éxodo masivo; muchos conductores abandonan el sector por miedo, dejando que las empresas operen con solo entre el 30% y 40% de su capacidad operativa.
Normas inoperantes frente a la realidad del crimen
Más allá de la denuncia, existe una brecha evidente entre la legislación aprobada y su ejecución. Vargas calificó como "letra muerta" las normas del año pasado destinadas a crear unidades de élite con participación conjunta de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según su análisis, la reglamentación se ejecutó de manera deficiente para evitar asignaciones reales de recursos e inteligencia efectiva.
Ante este vacío institucional, las propuestas del gremio apuntan a medidas tangibles: intervención seria en penales con aislamiento total para extorsionadores y control territorial mediante cuadrantes integrados. Sin embargo, mientras la sociedad se habitúa al dolor diario de perder conductores, persiste la pregunta sobre si el Estado tiene realmente la voluntad política o la capacidad operativa para revertir esta dinámica antes de que colapse aún más la movilidad en Lima.
