La Policía Nacional del Perú (PNP) ha dado un paso decisivo en las investigaciones tras el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre. El pasado 21 de mayo, la autoridad edil fue víctima de un atentado que dejó su vida al costado de la sede municipal. En respuesta a este hecho violento, el coronel Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios, confirmó que se solicitará una requisitoria internacional para dos hombres identificados como presuntos implicados en los hechos: César Augusto Sánchez Cornejo y Fabricio Fiestas Susanival.
La identidad del ejecutor y el operador logístico
Dentro de la lista de requeridos, se destaca a Fabricio Fiestas Susanival, quien es señalado por las autoridades como el presunto sicario que ejecutó los disparos contra la autoridad. La identificación plena del autor material del crimen representa un avance crucial en el caso. Paralelamente, las diligencias han permitido vincular a Willian Tezen Gonza, conocido como 'Pocholas', quien habría cumplido funciones de operador logístico para facilitar el traslado de los involucrados.
«Continúan las investigaciones... se va a solicitar la requisitoria internacional por si estos pretenden salir del país», indicó el jefe policial Carlos Morales Guevara.
Diligencias y reconstrucción de los hechos
El viernes, agentes de la División de Homicidios realizaron una serie de diligencias en el distrito afectado. Entre estas acciones se incluyó la reconstrucción de los hechos con la participación del mencionado 'Pocholas'. Las pericias forenses concluyeron frente a la sede de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, lugar donde este sujeto habría permanecido vigilando al alcalde horas antes del atentado. Este detalle refuerza el perfil premeditado que asocian las autoridades con el crimen.
El contexto legal y las nuevas interrogantes
Mientras se avanza en la localización de los fugitivos, si no son capturados a tiempo, estos serán incluidos en el plan de recompensas. La investigación también ha derivado en la interrogación de otros actores clave; recientemente, la regidora Patricia Niño fue llamada a declarar por agentes de Homicidios para determinar cualquier eventual participación con el asesinato del alcalde.
Este caso no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad de los funcionarios electos en regiones como Piura, sino que también exige una coordinación efectiva entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial. La reciente decisión judicial de dictar 18 meses de prisión preventiva contra otros presuntos implicados muestra la complejidad del entramado criminal detrás de este acto violento, según Ecuador al Día.
