En los primeros cinco meses del año 2026, el Perú ha sido testigo de una escalada violenta sin precedentes contra la autoridad local: tres alcaldes fueron asesinados en las regiones de Ica, Piura y Junín. Estos hechos, que incluyen a Edward Amoroto (Los Aquijes), Iroshi Ureta Campos (Coviriali) y Víctor Hugo Febre (Veintiséis de Octubre), no solo representan una tragedia humana individual, sino un ataque directo contra la gobernanza territorial. La nueva administración presidida por Keiko Fujimori se enfrenta al reto inmediato de comprender esta dinámica criminal que busca debilitar el Estado desde sus bases administrativas.
El rostro del crimen organizado
La naturaleza de estos crímenes sugiere una estrategia deliberada. Según Walter Galecio González, representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, Víctor Hugo Febre recibía amenazas vinculadas a su negativa para otorgar permisos de obras públicas. El criminólogo José Villaorduña explica que cuando el crimen organizado apunta a un alcalde, está atacando la capacidad fiscalizadora y de zonificación del Estado. "El tema sí es mucho más delicado porque ya tenemos un crimen organizado que no solamente comete delitos, sino que busca gobernar", señala Villaorduña.
En el caso Febre, las investigaciones han llevado a la detención del presunto sicario y de seis personas más, incluida la regidora Patricia Niño. La madre de la víctima, Paz Calle, ha exigido justicia pública mientras enfrenta su propia lucha contra el cáncer. Esta tensión entre la violencia criminal y la fragilidad institucional se agrava por la histórica disputa política entre el congreso y el ejecutivo, un vacío que las organizaciones delictivas han aprovechado para expandir sus economías ilegales, tal como señaló Pulso Andino.
Lecciones de una década de inseguridad
La violencia contra autoridades locales no es un fenómeno aislado. En los últimos quince años, diez alcaldes han perdido la vida por disputas de poder e intereses económicos. Casos como el del alcalde electo Manuel Vigo Muñoz en Cajamarca (2018) o Alejandro Montalbán en Áncash (2012) demuestran una patrón recurrente: la eliminación física para imponer control territorial.
Actualmente, los alcaldes se sienten desprotegidos. Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de Piura, ha expresado públicamente su inseguridad al no recibir llamadas oficiales ni propuestas concretas de protección tras el asesinato de sus colegas, indicó El Comercio. Esta sensación de vulnerabilidad plantea una pregunta crítica para la ciudadanía: ¿cómo ejercer un cargo público cuando este puede costar la vida?
Desafíos para la gestión Fujimori
Frente a esta problemática, expertos como Carlos Basombrío advierten que las declaraciones de estado de emergencia han fracasado en regiones como Lima y La Libertad. En su lugar, recomiendan fortalecer los equipos de inteligencia policial y derogar leyes que otorgan fuero militar a la policía, medidas consideradas más efectivas para desarticular estructuras criminales complejas.
Para el politólogo Franco Olcese, la nueva presidenta necesita resultados tangibles en sus primeros meses. Dado que no ganó con una diferencia amplia de votos, cualquier avance concreto contra esta violencia específica podría generar un respaldo político significativo. Con elecciones regionales y municipales programadas para octubre de 2026, donde se elegirán casi dos mil autoridades locales, el gobierno entrante debe demostrar que puede garantizar la seguridad física de quienes ejercen el poder público.
