La inseguridad en el transporte público de Lima ha alcanzado niveles críticos. Un reportaje difundido por Cuarto Poder revela que, en lo que va del año 2026, al menos 72 choferes han sido asesinados como consecuencia directa de la extorsión ejercida contra las empresas de transporte urbano e interprovincial. Esta cifra abarca tanto a conductores formales como informales, incluyendo combis y unidades privadas.
Extorsiones millonarias y vulnerabilidad
Frente a esta ola de violencia, los transportistas denuncian que las mafias exigen pagos desproporcionados para permitir la circulación de sus vehículos. Según el informe periodístico, se solicitan hasta S/30 mil como pago inicial y cuotas semanales recurrentes de S/5 mil. Ante la imposibilidad de garantizar su seguridad con los mecanismos actuales, algunos conductores, empresarios y dirigentes han optado por adquirir armas de fuego legalmente para su defensa personal.
Testimonios: del miedo al armamento
Fernando Espinoza, conductor de la empresa El Pesquero en la ruta Ate-Callao, explicó que adquirió un arma con capacidad para diez municiones debido a la vulnerabilidad que enfrentan los choferes frente a delincuentes que atacan desde motocicletas. Esta situación no es aislada; el dirigente y asesor legal Julio Bretoneche confirmó que varios actores del sector están recurriendo al armamento, aunque advirtió sobre el riesgo de una confrontación armada directa entre transportistas y bandas criminales.
Impacto en la operatividad y seguridad ciudadana
La violencia no solo afecta a los conductores. El caso de Julio Becerra Centurión, de Nuevo Horizonte, quien recibió tres disparos, ilustra el peligro para cobradores, pasajeros y peatones. Tras este atentado, más de 40 buses permanecieron paralizados durante cinco días, afectando económicamente a unas 300 familias. En el Callao, también se registran muertes como la de Jesús Vargas Aguilar y Mauro Garrizo Flores, víctima de cinco disparos en su unidad.
Respuesta institucional
Mientras las empresas enfrentan dificultades para conservar personal por temor a los atentados, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de Dirincri, afirmó que las autoridades mantienen su compromiso de combatir estas organizaciones. Revoredo señaló que asumirá las responsabilidades correspondientes si no se logra capturar a las bandas responsables, en un contexto donde gremios transportistas cuestionan la articulación entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.
