El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó el 3,6% del PBI en 2024, superando claramente el límite legal establecido del 2,8% y acumulando incumplimientos consecutivos de la regla de balance estructural. Este escenario, señalado por especialistas de la Universidad del Pacífico, ha provocado un incremento en la prima de riesgo soberano y un notable debilitamiento de la confianza en la política económica del país, planteando un desafío urgente para la gestión fiscal.
La crisis de credibilidad ante la ruptura de normas
La superación del techo fiscal no es un simple desliz administrativo, sino un síntoma de una desconexión entre la planificación presupuestal y la realidad macroeconómica. Al violar reiteradamente la regla de balance estructural, el Estado envía una señal de inestabilidad a los mercados internacionales. La reacción inmediata, reflejada en el alza de la prima de riesgo, demuestra que los inversores están reevaluando el costo del crédito peruano, lo que encarece las condiciones de financiamiento para el gobierno y, por extensión, para el sector privado.
Desde una perspectiva crítica, este incumplimiento sugiere que la urgencia de la inversión pública o el gasto social ha prevalecido sobre la disciplina fiscal necesaria para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, la acumulación de estos déficits erosiona la base de confianza que permite el crecimiento económico. La prudencia, como señalan los analistas, no es una opción ideológica, sino una necesidad técnica para evitar que la percepción de riesgo se convierta en una realidad de inestabilidad financiera.
El desafío de recuperar la confianza institucional
La recuperación de la credibilidad requiere más que ajustes contables; exige una narrativa política coherente que priorice la responsabilidad fiscal. El contexto actual muestra que la falta de prudencia en la política fiscal tiene implicaciones directas en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que un mayor costo de la deuda limita la capacidad del Estado para invertir en servicios esenciales. La comunidad académica y los expertos coinciden en que el margen de maniobra se ha reducido drásticamente, obligando a una redefinición de las prioridades presupuestarias.
"La prudencia en la política fiscal es urgente para detener la erosión de la confianza y estabilizar las expectativas de los mercados", advierten los especialistas.
En última instancia, el debate sobre el déficit fiscal trasciende las cifras del 3,6% para convertirse en una cuestión de gobernanza. La capacidad del Estado para respetar sus propias normas y mantener la disciplina fiscal es el termómetro de su solidez institucional. Sin una corrección inmediata y transparente, el riesgo de que la percepción negativa se consolide en el mercado podría tener consecuencias duraderas en la economía peruana.
