En una decisión que evoca los días más duros de la pandemia, el gobierno peruano ha ordenado el retorno inmediato a las clases virtuales y el teletrabajo obligatorio en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La razón no es un virus, sino una crisis energética que amenaza con paralizar la vida cotidiana de millones de ciudadanos en la capital del país.
La medida, que aplica tanto al sector público como al privado, busca reducir drásticamente el consumo eléctrico en una metrópolis que concentra a más de 10 millones de habitantes. Es una apuesta arriesgada que plantea preguntas incómodas sobre la planificación energética del país y la vulnerabilidad de su infraestructura.
Una crisis que no llegó de la noche a la mañana
Perú enfrenta una situación crítica en su sistema eléctrico, agravada por factores climáticos y estructurales. La sequía prolongada ha reducido significativamente la capacidad de generación hidroeléctrica, que históricamente representa una porción mayoritaria de la matriz energética del país. A esto se suman años de inversión insuficiente en diversificación de fuentes de energía y en mantenimiento de la infraestructura existente.
Los apagones intermitentes que venían afectando a diversas zonas de Lima en semanas recientes fueron la señal de alarma que precedió a esta decisión gubernamental. Para muchos analistas, la crisis era previsible: la demanda eléctrica ha crecido sostenidamente mientras la oferta no ha seguido el mismo ritmo.
Regresar a clases virtuales y teletrabajo no es solo una medida de emergencia energética: es un reconocimiento tácito de que el Estado no logró anticiparse a una crisis que se gestaba desde hace años.
El impacto en la educación: una herida que no termina de cerrar
Para el sistema educativo peruano, el retorno a la virtualidad es particularmente doloroso. Las secuelas de los casi dos años de clases remotas durante la pandemia de COVID-19 siguen siendo visibles: según evaluaciones del Ministerio de Educación, los niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático en estudiantes de educación básica sufrieron retrocesos significativos que aún no se han recuperado plenamente.
La brecha digital sigue siendo una realidad lacerante. No todos los hogares limeños —y mucho menos los del Callao— cuentan con conexión estable a internet o con dispositivos adecuados para que los estudiantes participen efectivamente en clases virtuales. Los sectores más vulnerables, como siempre, serán los más afectados.
Desde otra perspectiva, hay quienes argumentan que la infraestructura digital mejoró considerablemente desde 2020 y que el país está mejor preparado para la educación remota que hace cinco años. Plataformas como Aprendo en Casa fueron perfeccionadas, y tanto docentes como estudiantes tienen mayor familiaridad con las herramientas digitales. Sin embargo, la evidencia muestra que la presencialidad sigue siendo irremplazable para el aprendizaje integral.
Teletrabajo obligatorio: entre la oportunidad y la desigualdad
El mandato de teletrabajo obligatorio en Lima y Callao presenta sus propias contradicciones. Para empleados de oficinas, empresas tecnológicas y el sector financiero, trabajar desde casa puede ser una transición relativamente fluida. Pero para millones de trabajadores del sector informal —que representa más del 70% de la fuerza laboral peruana—, la orden resulta inaplicable.
¿Cómo teletrabaja un vendedor ambulante? ¿Cómo opera remotamente un trabajador de construcción civil o un conductor de transporte público? La medida, aunque necesaria desde el punto de vista del ahorro energético, evidencia la profunda segmentación del mercado laboral peruano y la dificultad de aplicar políticas uniformes en una economía tan heterogénea.
Algunos economistas señalan que el impacto productivo será considerable. Lima concentra aproximadamente el 45% del PIB nacional, y una paralización parcial de sus actividades presenciales podría tener efectos en cadena sobre el comercio, la gastronomía, el transporte y los servicios.
La pregunta de fondo: ¿cómo llegamos aquí?
Más allá de las medidas de emergencia, la crisis energética obliga a una reflexión profunda sobre la política energética del Perú. El país cuenta con un enorme potencial en energías renovables —solar en el sur, eólica en la costa, e incluso geotérmica— que ha sido aprovechado solo de manera marginal.
La dependencia excesiva de la hidroelectricidad, en un contexto de cambio climático que altera los patrones de precipitación, es un riesgo que expertos venían señalando desde hace años. La falta de una política energética de largo plazo, agravada por la inestabilidad política que ha caracterizado al Perú en los últimos años con múltiples cambios de gobierno, ha impedido avanzar en proyectos de diversificación que requieren planificación y continuidad.
La crisis energética no es solo un problema técnico: es el resultado de la incapacidad institucional para pensar el país a largo plazo en medio de la turbulencia política permanente.
Mirando hacia adelante: lecciones que no deberían repetirse
La situación actual debería servir como catalizador para un debate nacional serio sobre seguridad energética. Perú necesita acelerar la diversificación de su matriz energética, invertir en infraestructura de transmisión y distribución, y establecer mecanismos de planificación que trasciendan los ciclos políticos.
Mientras tanto, millones de limeños y chalacos vuelven a encender sus computadoras en casa, a improvisar escritorios en comedores y a lidiar con las limitaciones de la conectividad. Es una imagen que creíamos superada, un déjà vu que nadie pidió y que revela, con brutal claridad, las fragilidades estructurales de un país que no termina de construir los cimientos de su propio desarrollo.
La emergencia pasará, como pasan todas. La pregunta es si esta vez aprenderemos la lección o si seguiremos gobernando a golpe de crisis, siempre un paso atrás de los problemas que nosotros mismos dejamos crecer.
