La región de Piura atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes tras el asesinato de cuatro personas en Sullana, un hecho que ha desatado la alarma entre las autoridades locales. Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales, advirtió que la violencia se ha vuelto endémica y que no existe una respuesta contundente por parte del Estado. El incidente, ocurrido en la cuadra siete del pasaje Unión, donde sujetos armados a bordo de motocicletas dispararon más de diez veces contra una vivienda, evidencia el descontrol actual.
Un escenario de terror e impunidad
La tragedia no solo dejó cuatro fallecidos, sino que también hirió a otros miembros de la familia, incluido un adolescente de 12 años, quienes fueron trasladados al Hospital de Sullana. El crimen fue captado por las cámaras de seguridad del domicilio y ha sido descrito por Guerrero como "un momento de terror y zozobra". Según el representante distrital, los ajustes de cuentas y el sicariato se han vuelto frecuentes, especialmente en zonas donde la violencia asciende sin que se perciban resultados claros en la lucha contra el delito.
La vulnerabilidad del gobierno local
Más allá de las cifras negras, la crisis impacta directamente la gestión pública. Guerrero reveló que varios alcaldes distritales han sido víctimas directas de extorsiones y amenazas. Al solicitar protección policial, se les ha informado que "si no hay una amenaza fuerte" no pueden brindar seguridad, lo que evidencia la vulnerabilidad institucional. El propio Víctor Hugo Febre fue baleado en su vehículo, un caso emblemático de cómo las autoridades elegidas por voto popular están siendo atacadas sin garantías.
Impacto político y demanda urgente
La inseguridad limita la ejecución de obras públicas y genera incertidumbre en el contexto preelectoral. Guerrero anunció que se prepara un memorial conjunto para exigir al Gobierno Central y a la Policía Nacional medidas urgentes. La crítica principal recae en la falta de participación de los gobiernos locales en las políticas de seguridad, demandando una estrategia articulada que respete a las autoridades electas y frene el avance del crimen organizado antes de que la situación se vuelva irreversible.
