La noticia no sorprende, pero sí alarma. La primera ministra del Perú, Denisse Miralles, presentó su renuncia al cargo apenas tres semanas después de haber jurado como presidenta del Consejo de Ministros. La confirmación llegó el martes a través de un comunicado del despacho presidencial, sumando un nuevo capítulo a la crónica de la inestabilidad institucional que define la política peruana contemporánea.
El hecho, aunque breve en su desenlace, plantea preguntas incómodas sobre la capacidad de gobernabilidad del Ejecutivo, la sostenibilidad del gobierno de Dina Boluarte y el costo que esta rotación permanente tiene para la ciudadanía y las políticas públicas del país.
Un cargo que se ha vuelto una puerta giratoria
La Presidencia del Consejo de Ministros, equivalente al cargo de primer ministro en el sistema político peruano, se ha convertido en los últimos años en una posición de altísima rotación. La salida de Miralles no es un caso aislado: es parte de un patrón preocupante que se ha agudizado desde la crisis política de 2022 y la asunción de Dina Boluarte al poder tras la destitución y detención de Pedro Castillo.
Desde que Boluarte llegó a Palacio de Gobierno en diciembre de 2022, el país ha visto desfilar múltiples jefes de gabinete, cada uno con gestiones más breves que la anterior. La permanencia promedio en el cargo se mide ya no en meses, sino en semanas. Esto no solo refleja tensiones internas dentro del Ejecutivo, sino también la enorme dificultad de articular alianzas políticas estables en un contexto de fragmentación parlamentaria extrema.
Cuando el cargo de primer ministro dura menos que un ciclo lunar, el problema no es de personas sino de sistema. La rotación permanente es síntoma de una crisis estructural de gobernabilidad.
¿Qué hay detrás de la renuncia?
Hasta el momento, las razones específicas de la dimisión de Miralles no han sido detalladas públicamente con claridad. Sin embargo, varios analistas señalan que las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, así como las presiones internas dentro del gabinete, suelen ser los detonantes más frecuentes de estas salidas abruptas.
No puede ignorarse tampoco el contexto de bajísima aprobación ciudadana que enfrenta el gobierno de Boluarte. Según las encuestas más recientes, la presidenta registra niveles de aprobación que apenas superan un dígito, lo que convierte cualquier gestión ministerial en un ejercicio de alto riesgo político. Quienes aceptan el cargo saben que se enfrentan a un escenario hostil tanto desde el Legislativo como desde la opinión pública.
La brevedad de la gestión de Miralles, de menos de un mes, sugiere que las condiciones mínimas para gobernar no estaban dadas desde el inicio. Ya sea por desacuerdos programáticos, falta de respaldo político o presiones externas, su paso por la PCM fue más un tránsito fugaz que una gestión propiamente dicha.
El costo real de la inestabilidad
Desde una perspectiva ciudadana, el impacto de esta rotación incesante va mucho más allá de los titulares. Cada cambio de primer ministro implica la potencial reconfiguración de prioridades, la paralización de proyectos en curso y la pérdida de continuidad en políticas públicas esenciales. Sectores como salud, educación, seguridad ciudadana y desarrollo económico sufren directamente las consecuencias de un Ejecutivo que no logra estabilizarse.
El Perú enfrenta desafíos urgentes: la inseguridad ciudadana alcanza niveles récord, la economía muestra señales de desaceleración, y la confianza en las instituciones democráticas está en mínimos históricos. Para abordar estos problemas se requiere un gabinete con tiempo, legitimidad y capacidad de ejecución, condiciones que la actual dinámica política simplemente no permite.
Cada semana sin un gabinete estable es una semana perdida para millones de peruanos que esperan respuestas concretas a problemas que no pueden seguir esperando.
Múltiples lecturas, una sola urgencia
Hay quienes ven en esta crisis la confirmación de que el gobierno de Boluarte ha agotado su capacidad de gestión y debería dar paso a elecciones anticipadas. Otros argumentan que la responsabilidad es compartida con un Congreso igualmente desacreditado, que bloquea reformas y contribuye a la parálisis institucional. También están quienes señalan que el problema es más profundo y radica en un diseño constitucional que genera incentivos perversos para la confrontación permanente entre poderes del Estado.
Lo cierto es que ninguna de estas lecturas es completamente excluyente. El Perú vive una crisis multidimensional donde convergen la debilidad del Ejecutivo, la fragmentación del Legislativo, la desconfianza ciudadana y la ausencia de liderazgos capaces de articular consensos mínimos. La renuncia de Miralles es un síntoma más, no la enfermedad.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿quién aceptará ahora el cargo y cuánto tiempo durará? Más importante aún: ¿existe algún escenario realista en el que el Perú logre estabilidad política antes de las próximas elecciones generales? Las respuestas, por ahora, no son alentadoras.
Lo que sí es claro es que el país no puede seguir funcionando en piloto automático. La democracia peruana necesita más que cambios de nombres en el gabinete: necesita un acuerdo político mínimo que permita gobernar. Sin eso, cada nuevo primer ministro será apenas otro nombre en una lista cada vez más larga e intrascendente.
