Perú ha vuelto a escribir un capítulo más en su ya abultado historial de inestabilidad política. José Jerí, quien apenas llevaba cuatro meses y una semana al frente del Ejecutivo, fue destituido ayer por el Congreso en un juicio político relámpago que acumuló y votó en conjunto siete cargos. La pregunta que resuena no solo en Lima, sino en toda la región, es inevitable: ¿cómo logra mantenerse a flote la economía de un país que parece incapaz de sostener a sus presidentes?
Un juicio relámpago que consolida un patrón preocupante
La destitución de Jerí no es un hecho aislado. Es la continuación de una tendencia que ha convertido al Perú en un caso de estudio sobre fragilidad institucional. En los últimos años, el país ha visto desfilar presidentes con una velocidad que haría palidecer a cualquier democracia consolidada. Cada transición forzada erosiona un poco más la confianza ciudadana en las instituciones.
El Congreso peruano, que ha demostrado una capacidad notable para destituir mandatarios pero una eficacia cuestionable para legislar en beneficio de la población, acumuló siete cargos contra Jerí y los votó de manera conjunta. Este procedimiento exprés plantea serias dudas sobre el debido proceso y sobre si el juicio político se ha convertido en un instrumento de ajuste de cuentas más que en un mecanismo constitucional legítimo.
Desde diversas perspectivas, las lecturas son contrastantes. Para quienes apoyaron la destitución, se trató de un acto de fiscalización necesario ante un presidente que habría incurrido en faltas graves. Para sus detractores, fue un golpe parlamentario más, disfrazado de legalidad.
La economía peruana: resistente pero no invulnerable
Lo verdaderamente desconcertante del caso peruano es la aparente resiliencia de su economía frente al caos político permanente. Perú ha mantenido indicadores macroeconómicos relativamente estables: inflación controlada, reservas internacionales sólidas y un Banco Central de Reserva que goza de credibilidad internacional. Sin embargo, atribuir esta fortaleza exclusivamente a la buena gestión sería simplista.
La economía peruana se sostiene en gran medida gracias a la minería —el país es uno de los principales productores mundiales de cobre— y a un marco institucional económico que, paradójicamente, ha resistido mejor que el político. El Ministerio de Economía y el BCR han funcionado como anclas de estabilidad, independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno.
La pregunta incómoda es hasta cuándo puede una economía resistir sin un timón político estable. La inversión privada ya muestra signos de fatiga, y los proyectos de largo plazo requieren certidumbre que ningún gobierno de cuatro meses puede ofrecer.
Los datos son elocuentes: la inversión privada en Perú ha mostrado un estancamiento preocupante en los últimos años, precisamente por la falta de horizonte político claro. Los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, necesitan reglas de juego predecibles. Y Perú, con su carrusel presidencial, ofrece exactamente lo contrario.
Las elecciones de abril: ¿solución o nuevo capítulo del mismo problema?
Con las elecciones generales programadas para abril, Perú se encamina hacia una nueva transición que, en teoría, debería otorgar legitimidad democrática al próximo gobierno. Sin embargo, el escepticismo es comprensible. ¿Qué garantiza que el presidente o presidenta que resulte electo no enfrente el mismo destino que sus predecesores?
El problema de fondo no es quién ocupa la silla presidencial, sino un diseño institucional que facilita la confrontación permanente entre Ejecutivo y Legislativo. Mientras no se aborde una reforma política profunda —que incluya reglas claras sobre la vacancia presidencial, la cuestión de confianza y los mecanismos de disolución del Congreso—, el ciclo de inestabilidad seguirá repitiéndose.
Algunos analistas sugieren que las próximas elecciones podrían producir un Congreso aún más fragmentado, lo que dificultaría cualquier gobernabilidad. Otros, más optimistas, consideran que el hartazgo ciudadano podría traducirse en un voto de castigo que renueve significativamente la clase política. Ambas hipótesis son plausibles, y ninguna es particularmente reconfortante.
El costo social de la inestabilidad permanente
Más allá de las cifras macroeconómicas, el verdadero costo de esta crisis recurrente lo paga la ciudadanía. Cada cambio de gobierno implica la paralización de programas sociales, la rotación de funcionarios técnicos y la interrupción de políticas públicas que requieren continuidad. La educación, la salud, la seguridad ciudadana: todos estos sectores sufren cuando el Estado no puede planificar más allá de unos pocos meses.
La desconfianza institucional, además, alimenta la informalidad y debilita el contrato social. Si los ciudadanos perciben que sus instituciones son incapaces de funcionar, ¿por qué habrían de cumplir con sus obligaciones tributarias o confiar en el sistema de justicia?
Perú no necesita otro presidente interino ni otro juicio político relámpago. Necesita un pacto político mínimo que permita a cualquier gobierno, del signo que sea, completar su mandato y ser evaluado por sus resultados, no por las maniobras de un Congreso que ha hecho de la destitución su especialidad.
La destitución de José Jerí es, en última instancia, un síntoma más de una enfermedad estructural. La economía peruana podrá seguir resistiendo por un tiempo, pero ningún país construye desarrollo sostenible sobre cimientos políticos de arena. Las elecciones de abril serán una oportunidad más. Queda por verse si será, finalmente, la que marque un punto de inflexión o simplemente el inicio de un nuevo ciclo de frustración.
