En un país donde la inseguridad ciudadana se ha convertido en la preocupación dominante de millones de familias, no sorprende que la lucha contra el crimen organizado se haya instalado como el eje central del debate electoral peruano. Con 35 candidatos inscritos para las elecciones presidenciales de 2026, la pregunta ya no es solo quién gobernará el Perú, sino quién puede ofrecer una respuesta creíble ante una crisis que ha desbordado las capacidades del Estado.
Un país desbordado por la criminalidad
Perú ha experimentado en los últimos años un deterioro alarmante de su situación de seguridad. El avance de organizaciones criminales vinculadas a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal ha dejado de ser un fenómeno localizado para convertirse en una emergencia nacional. Ciudades como Lima, Trujillo y Piura registran índices de violencia que hubieran sido impensables hace apenas una década.
Las cifras respaldan la percepción ciudadana. Según encuestas recientes, la inseguridad y la delincuencia figuran consistentemente como la principal preocupación de los peruanos, por encima incluso de la economía y la corrupción. Este clima de miedo e incertidumbre ha generado un terreno fértil para propuestas de mano dura que prometen soluciones rápidas y contundentes.
El contexto regional tampoco ayuda. Ecuador declaró un conflicto armado interno contra las bandas criminales, El Salvador implementó un régimen de excepción permanente bajo Nayib Bukele, y Colombia sigue lidiando con las secuelas de décadas de narcotráfico. Perú, en este mapa, aparece como un país que llegó tarde a reconocer la magnitud del problema.
Propuestas punitivas versus enfoques integrales
Como era previsible en una contienda tan fragmentada, las propuestas de los candidatos abarcan un espectro amplio. Sin embargo, el denominador común es la tendencia hacia el endurecimiento penal: penas más severas, militarización de zonas críticas, estados de emergencia permanentes y, en algunos casos, propuestas que rozan los límites constitucionales.
Las propuestas punitivas, como las que predominan en esta campaña, pueden generar titulares atractivos, pero la evidencia internacional muestra que sin reformas estructurales en el sistema de justicia, inteligencia policial y prevención social, los resultados suelen ser efímeros.
Este es precisamente el dilema que enfrenta el electorado peruano. ¿Es suficiente con endurecer las leyes y desplegar más uniformados en las calles? ¿O se requiere una estrategia que ataque las raíces del problema: la pobreza, la informalidad, la debilidad institucional y la corrupción que permite a las mafias infiltrar el aparato estatal?
Algunos candidatos han intentado posicionarse con propuestas más integrales, que incluyen la reforma del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la inteligencia financiera para perseguir el lavado de activos y la cooperación internacional contra el narcotráfico. Sin embargo, estas propuestas, por su complejidad, tienden a ser menos atractivas mediáticamente que la promesa simple de "mano dura".
La fragmentación electoral como obstáculo
Con 35 candidatos en la contienda, Perú enfrenta un problema adicional: la extrema fragmentación del voto. Las encuestas muestran que ningún candidato supera el 15% de intención de voto, lo que significa que el próximo presidente podría llegar al poder con un respaldo mínimo y, por tanto, con escasa capacidad para implementar reformas profundas.
Esta dispersión no es nueva en la política peruana. En las últimas elecciones, Pedro Castillo y Keiko Fujimori llegaron a segunda vuelta con porcentajes bajos en primera ronda, lo que reflejó más el rechazo hacia los demás candidatos que un respaldo genuino a sus propuestas. El riesgo es que la historia se repita y que el crimen organizado termine siendo un eslogan de campaña más que una política de Estado real.
La crisis de gobernabilidad que ha caracterizado los últimos años —con múltiples presidentes en un solo período constitucional, un Congreso ampliamente rechazado por la ciudadanía y una desconfianza generalizada hacia las instituciones— agrava el panorama. Cualquier plan contra el crimen organizado requiere estabilidad política, continuidad institucional y voluntad de cooperación entre poderes del Estado, condiciones que hoy parecen ausentes en el Perú.
Lo que está en juego más allá de las elecciones
El debate sobre seguridad en esta campaña electoral trasciende la coyuntura. Lo que realmente está en juego es si el Perú logrará construir un consenso mínimo sobre cómo enfrentar una amenaza que, de no ser contenida, podría transformar radicalmente la convivencia social y la viabilidad democrática del país.
Experiencias como la de México muestran que la guerra frontal contra el crimen organizado, sin una estrategia integral, puede generar más violencia en lugar de reducirla. Por otro lado, experiencias como la de Colombia en Medellín demuestran que combinaciones inteligentes de intervención policial, inversión social y recuperación de espacios urbanos pueden producir resultados sostenibles.
Los peruanos merecen un debate honesto sobre estas opciones. No basta con que los candidatos compitan por quién promete ser más duro; se necesita una discusión seria sobre qué tipo de Estado se necesita construir para que las leyes se cumplan, las instituciones funcionen y las comunidades recuperen la tranquilidad.
En una democracia sana, la seguridad no debería ser un tema de campaña que se abandona después de las elecciones. Debería ser una política de Estado que trascienda gobiernos y que cuente con el respaldo de toda la sociedad.
La carrera presidencial peruana de 2026 será recordada como aquella en la que el crimen organizado dominó la agenda. La pregunta que queda flotando es si, más allá de las promesas electorales, el país encontrará la voluntad y la capacidad para enfrentar este desafío con la seriedad que demanda.
