Hay crisis que se gestan en silencio, alimentadas por décadas de omisiones, decisiones postergadas y una clase política que prefiere la urgencia del titular antes que la disciplina de la planificación. La crisis energética que atraviesa el Perú no es un accidente: es el resultado previsible de haber tratado la política y la economía como compartimentos estancos, como si las decisiones de gobierno no tuvieran consecuencias directas sobre la matriz productiva del país.
Lo que hoy se manifiesta en cortes de suministro, tarifas al alza y una peligrosa dependencia de fuentes volátiles es, en realidad, el síntoma de un problema estructural más profundo: un Estado que improvisa donde debería anticipar, que reacciona donde debería prevenir.
Un sector energético construido sobre arenas movedizas
El Perú cuenta con un potencial energético notable. Recursos hídricos, reservas de gas natural, condiciones favorables para energías renovables. Sin embargo, ese potencial ha sido gestionado con una lógica cortoplacista que ha impedido consolidar una infraestructura sólida y diversificada.
La dependencia del gas de Camisea, sin haber desarrollado a tiempo alternativas ni ampliado la capacidad de transporte y distribución, ilustra una paradoja recurrente: abundancia de recursos y escasez de estrategia. Las inversiones necesarias en generación, transmisión y distribución han sido postergadas una y otra vez, víctimas de la inestabilidad política que ha caracterizado al país en los últimos años.
Según datos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), la reserva de generación eléctrica se ha reducido a niveles preocupantes en los últimos años. Mientras la demanda crece impulsada por la minería y el consumo urbano, la oferta no ha seguido el mismo ritmo. El resultado es un sistema al borde del estrés operativo.
La política como obstáculo, no como solución
Uno de los diagnósticos más incómodos que plantea esta crisis es que la propia dinámica política peruana se ha convertido en un factor de riesgo para la seguridad energética. Con seis presidentes en los últimos siete años, la rotación constante en el Ejecutivo ha impedido cualquier continuidad en políticas públicas de largo plazo.
Cada nuevo gobierno llega con sus propias prioridades, sus propios equipos técnicos —cuando los hay— y su propia lectura del sector. Los planes de desarrollo energético se reescriben, se archivan o simplemente se ignoran. Los marcos regulatorios quedan a medio camino entre la reforma y el abandono.
«No se puede construir infraestructura energética con horizontes de planificación de seis meses. El sector requiere certidumbre jurídica, estabilidad regulatoria y voluntad política sostenida», señalan voces especializadas del sector.
El Congreso, por su parte, ha contribuido al problema con iniciativas legislativas que responden más a intereses particulares que a una visión integral del sistema. Proyectos de ley que buscan congelar tarifas sin considerar los costos reales de generación, o que intentan modificar contratos existentes sin evaluar el impacto sobre la inversión futura, son moneda corriente en la agenda parlamentaria.
El costo real lo paga el ciudadano
Mientras el debate se pierde en los pasillos del poder, las consecuencias las absorbe la población. Las familias peruanas enfrentan incrementos en sus recibos de luz que no se corresponden con mejoras en el servicio. Las pequeñas y medianas empresas ven cómo la incertidumbre energética encarece sus costos operativos y reduce su competitividad.
En las zonas rurales, donde la cobertura eléctrica aún no es universal, la crisis tiene un rostro más crudo: comunidades que siguen esperando una conexión al sistema interconectado mientras en Lima se discute quién tiene la culpa del problema.
La dimensión social de la crisis energética no puede subestimarse. Energía accesible y confiable es condición sine qua non para el desarrollo humano, la salud, la educación y la productividad. Cuando falla, todo lo demás se tambalea.
¿Es posible una salida que integre política y economía?
La respuesta debería ser obvia, pero en el Perú actual nada lo es. Una salida responsable a la crisis energética requiere, en primer lugar, reconocer que las decisiones políticas tienen consecuencias económicas directas y que la planificación energética no puede quedar sujeta a los vaivenes de la coyuntura.
Esto implica, entre otras cosas, blindar institucionalmente a los organismos reguladores del sector —como Osinergmin— frente a las presiones políticas. Implica también establecer un plan energético nacional con horizonte al 2040 o 2050 que trascienda gobiernos y que cuente con consenso multipartidario.
La transición energética global ofrece una oportunidad que el Perú no puede darse el lujo de desperdiciar. El desarrollo de energías renovables —solar, eólica, geotérmica— no solo diversificaría la matriz, sino que atraería inversiones en un momento en que el país las necesita con urgencia.
«La crisis energética no es solo un problema técnico. Es un problema de gobernanza, de visión de país y de voluntad para tomar decisiones difíciles hoy que rindan frutos mañana.»
Pero nada de esto será posible si persiste la desconexión entre quienes toman las decisiones políticas y quienes entienden las dinámicas económicas y técnicas del sector. La crisis energética del Perú es, en última instancia, una crisis de Estado: de un Estado que no logra articular sus capacidades para resolver problemas que ya no admiten más postergación.
El costo de seguir separando política y economía ya se está pagando. La pregunta es si la factura seguirá creciendo o si, por una vez, habrá la lucidez de actuar antes de que sea demasiado tarde.
