Perú ha vuelto a hacer lo que, lamentablemente, mejor sabe hacer en los últimos años: destituir a un presidente. Esta vez le tocó a José Jerí, quien apenas ocupaba el cargo de manera interina, y cuya salida profundiza una crisis institucional que ya no sorprende a nadie, pero que debería alarmarnos a todos.
La decisión del Congreso de remover a Jerí se produce en un momento particularmente delicado: a pocas semanas de las elecciones generales de abril, cuando el país necesita estabilidad más que nunca para garantizar un proceso democrático limpio y legítimo.
Un patrón que se repite con inquietante frecuencia
Para quienes siguen la política peruana, la destitución de un mandatario ya no es noticia extraordinaria; es casi un ritual. En los últimos años, Perú ha tenido más presidentes que la mayoría de países en una década completa. Desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, pasando por Martín Vizcarra, Manuel Merino (que duró apenas cinco días), Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, el país ha experimentado una rotación presidencial sin precedentes en su historia republicana.
La remoción de Jerí no es un caso aislado, sino el síntoma más reciente de una enfermedad estructural. El Congreso peruano ha utilizado repetidamente sus facultades para destituir presidentes, en un ejercicio de poder que muchos analistas consideran desproporcionado y que ha convertido al Legislativo en el verdadero centro de poder del país.
La pregunta ya no es si Perú puede mantener a un presidente en el cargo, sino si su sistema político está diseñado para impedirlo.
¿Qué llevó a la caída de Jerí?
José Jerí asumió la presidencia de manera interina en circunstancias ya de por sí turbulentas. Su gestión, breve y marcada por las tensiones con el Congreso, terminó como muchas antes: con una votación parlamentaria que decidió su salida.
El contexto es fundamental para entender esta decisión. El Congreso peruano, uno de los más impopulares de América Latina según diversas encuestas, ha sido señalado reiteradamente por actuar en función de intereses particulares más que del bienestar nacional. La aprobación del Legislativo se ha mantenido en niveles históricamente bajos, a menudo por debajo del 10%, lo que refleja una profunda desconexión entre los representantes y la ciudadanía.
La destitución de Jerí, sin embargo, no puede leerse únicamente como un capricho parlamentario. También revela las fracturas internas de un sistema político donde las alianzas son efímeras, los partidos carecen de institucionalidad y las agendas personales prevalecen sobre los proyectos de gobierno.
El impacto en las elecciones de abril
Quizás lo más preocupante de esta nueva crisis es su timing. Las elecciones generales de abril representan, para muchos peruanos, la última esperanza de reconducir el país por una senda de estabilidad democrática. Pero llegar a esos comicios en medio de otro vacío presidencial envía una señal devastadora.
La inestabilidad política tiene consecuencias directas en la economía. Los inversores miran con recelo un país que no puede garantizar continuidad en sus políticas públicas. El crecimiento económico, que había sido el gran orgullo peruano durante las primeras décadas del siglo XXI, se ha visto afectado por la incertidumbre constante.
Además, la desconfianza ciudadana en las instituciones alimenta el abstencionismo y el voto de protesta. Cuando los peruanos sienten que da igual quién gobierne porque el Congreso lo destituirá de todos modos, la democracia pierde su sentido más básico.
Múltiples lecturas de una misma crisis
Desde una perspectiva progresista, la situación peruana evidencia la necesidad urgente de reformas estructurales: un nuevo sistema de partidos, reglas más claras para la vacancia presidencial y mecanismos que equilibren el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin estas reformas, el ciclo de inestabilidad seguirá repitiéndose.
Desde sectores más conservadores, hay quienes argumentan que el problema no es el mecanismo de destitución en sí, sino la calidad de los gobernantes que llegan al poder. Para esta visión, la solución pasa por fortalecer los requisitos para acceder a cargos públicos y combatir la corrupción que permea todos los niveles del Estado.
Una tercera lectura, quizás la más incómoda, sugiere que la crisis peruana es también una crisis de la sociedad civil. La fragmentación social, la desigualdad persistente y la ausencia de un proyecto nacional compartido hacen que cualquier gobierno sea vulnerable a la presión de grupos de interés.
Perú no necesita solo un nuevo presidente; necesita un nuevo pacto político y social que le permita romper el ciclo de inestabilidad que lo asfixia.
Lo que viene: incertidumbre con fecha de vencimiento
Las elecciones de abril se presentan como una oportunidad, pero también como un riesgo. Si el proceso electoral se desarrolla con normalidad y el próximo gobierno logra establecer una relación funcional con el Congreso, Perú podría comenzar a reconstruir su institucionalidad. Pero si la historia reciente es indicador de algo, el optimismo debe ser cauteloso.
Lo cierto es que la comunidad internacional observa con preocupación. Organismos como la OEA y diversos gobiernos de la región han expresado en múltiples ocasiones su inquietud por la situación peruana. Un país con la riqueza natural, cultural y humana de Perú no debería estar atrapado en este laberinto político.
La pelota está ahora en la cancha de los ciudadanos peruanos, quienes en abril tendrán la palabra. Ojalá esa palabra sea escuchada, y ojalá quien la reciba tenga la fortaleza y la sabiduría para honrarla.
