La renuncia de la primera ministra Denisse Miralles, presentada el martes antes de someterse al obligatorio voto de confianza del Congreso, no es simplemente un episodio más de la crónica inestabilidad política peruana. Es, ante todo, un síntoma inequívoco de la precariedad con la que gobierna Dina Boluarte y de las concesiones que su administración debe hacer para mantenerse en el poder.
Una renuncia que evita una derrota anunciada
Miralles, designada recientemente como presidenta del Consejo de Ministros, decidió dar un paso al costado antes de que el pleno del Congreso definiera su suerte. La lectura más directa es que no contaba con los votos suficientes para ser ratificada, y que la renuncia anticipada fue una maniobra para evitar una derrota formal que habría debilitado aún más al Ejecutivo.
En el Perú, cada nuevo gabinete ministerial debe presentarse ante el Congreso para solicitar un voto de confianza. Este mecanismo, diseñado para garantizar un mínimo de gobernabilidad democrática, se ha convertido en la práctica en un instrumento de presión permanente del Legislativo sobre el Ejecutivo. Cuando un primer ministro no logra la confianza, el gabinete entero debe ser reemplazado.
Que Miralles haya preferido renunciar antes que enfrentar ese escenario dice mucho sobre el estado actual de las relaciones entre ambos poderes del Estado. No se trató de una dimisión por principios ni por discrepancias programáticas: fue, en esencia, un repliegue táctico.
Boluarte y la acumulación de debilidades
El gobierno de Dina Boluarte ha transitado por múltiples crisis desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la vacancia de Pedro Castillo. Lo que inicialmente fue presentado como una transición hacia la estabilidad se ha convertido en una gestión marcada por la baja aprobación ciudadana, las constantes remodelaciones ministeriales y una relación de dependencia con las bancadas del Congreso.
Boluarte ha tenido que nombrar y reemplazar premières con una frecuencia que refleja no solo la dificultad de encontrar perfiles que satisfagan al Legislativo, sino también la ausencia de una base política propia. Sin partido, sin bancada parlamentaria y con índices de aprobación que según diversas encuestadoras se mantienen por debajo del 10%, la presidenta gobierna esencialmente con el permiso del Congreso.
La paradoja del sistema político peruano actual es que un Ejecutivo débil no produce necesariamente un Legislativo fuerte, sino un vacío de gobernabilidad que afecta a toda la ciudadanía.
Este episodio con Miralles ilustra perfectamente esa dinámica. El Congreso, fragmentado en múltiples bancadas con intereses propios, no ofrece una oposición coherente ni una alternativa de gobierno, pero tiene suficiente poder para vetar las decisiones del Ejecutivo.
Las múltiples lecturas de una crisis recurrente
Desde una perspectiva progresista, la renuncia de Miralles evidencia el agotamiento de un modelo político que no responde a las demandas ciudadanas. Las prioridades del país —seguridad, empleo, lucha contra la corrupción, reconstrucción del tejido social tras las protestas de 2022 y 2023— quedan relegadas mientras la clase política se enreda en negociaciones de poder.
Desde una mirada más conservadora o pragmática, hay quienes argumentan que el mecanismo del voto de confianza funciona como debe: impidiendo que el Ejecutivo imponga gabinetes sin respaldo parlamentario. Para estos sectores, la renuncia de Miralles es simplemente el sistema corrigiéndose a sí mismo.
Sin embargo, ambas lecturas coinciden en un punto: la gobernabilidad del Perú está seriamente comprometida. Cada cambio de gabinete implica semanas de parálisis en la gestión pública, retrasos en la implementación de políticas y una señal de inestabilidad que afecta la confianza de los inversionistas y la percepción internacional del país.
¿Qué viene ahora?
Boluarte deberá nombrar un nuevo presidente del Consejo de Ministros que logre lo que Miralles no pudo: construir los consensos mínimos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Esto probablemente implique más concesiones a las bancadas parlamentarias, lo que a su vez alimenta la percepción de un Ejecutivo cooptado por intereses legislativos.
El Perú ha tenido más de 80 primeros ministros desde el retorno a la democracia en 1980, una cifra que habla por sí sola de la volatilidad del cargo. Pero la frecuencia con la que se suceden los cambios en el gobierno de Boluarte marca un ritmo particularmente acelerado que dificulta cualquier continuidad en las políticas públicas.
La pregunta de fondo no es quién será el próximo premier, sino cuánto tiempo más puede sostenerse un gobierno que carece de legitimidad popular y de respaldo político propio. El adelanto de elecciones, una demanda que diversos sectores han planteado desde 2023, vuelve a cobrar relevancia cada vez que episodios como este recuerdan que la gobernabilidad peruana pende de un hilo cada vez más delgado.
Mientras tanto, los problemas reales del país —la inseguridad ciudadana que alcanza niveles alarmantes, la desaceleración económica, la crisis del sistema de salud— esperan soluciones que difícilmente llegarán de un gobierno ocupado en sobrevivir políticamente un día más.
