El Gobierno ha presentado un proyecto que modifica el reglamento del Libro de Reclamaciones, una medida que busca incorporar explícitamente las obligaciones para quienes realizan ventas a través de plataformas digitales como Instagram, Facebook y TikTok. Esta iniciativa representa un cambio significativo en la normativa vigente, al extender formalmente los mecanismos de atención al consumidor más allá de los establecimientos físicos tradicionales hacia el ecosistema del comercio electrónico.
El alcance de la nueva regulación
La propuesta no se limita únicamente a las grandes plataformas intermediarias (marketplaces), sino que alcanza directamente a los vendedores individuales y microempresarios que operan desde redes sociales. La implementación obligatoria implica que cualquier usuario o entidad que comercialice productos mediante estas herramientas digitales deberá contar con un sistema formalizado para recibir, registrar y responder a las reclamaciones de sus clientes.
Implicancias para el ecosistema digital
Expertos en la materia han comenzado a analizar el impacto práctico de esta medida sobre los emprendedores peruanos. La integración de estos canales digitales bajo un mismo marco regulatorio busca homogenizar las normas de protección al consumidor, sin embargo, plantea interrogantes técnicos sobre cómo se gestionará operativamente este requisito para vendedores que no cuentan con infraestructura física tradicional.
El debate entre formalización y viabilidad
Mientras el Ejecutivo argumenta que esta regulación es necesaria para garantizar los derechos de los usuarios en la economía digital, los analistas señalan la complejidad logística. La distinción entre una gran plataforma tecnológica con recursos legales dedicados y un emprendedor independiente requiere matices importantes. El desafío radica en asegurar que la formalización no se convierta en una barrera insuperable para el crecimiento del sector informal o semi-formal digital, manteniendo al mismo tiempo estándares claros de responsabilidad comercial.
