Una vez más, el Perú se encuentra ante un escenario que, por reiterado, no deja de ser alarmante: la destitución de un presidente. El Congreso de la República votó este martes para remover al presidente interino José Jerí de su cargo, desatando una nueva ola de inestabilidad política a pocas semanas de las elecciones presidenciales programadas para abril. La pregunta ya no es solo qué pasó, sino cuántas veces más puede un país soportar este ciclo sin que las consecuencias sean irreversibles.
Un patrón que ya no sorprende pero sí preocupa
Para quienes siguen la política peruana, la caída de Jerí no es un evento aislado. Es el último eslabón de una cadena de crisis institucional que ha visto desfilar a múltiples presidentes en un período extraordinariamente breve. Desde la destitución de Martín Vizcarra en 2020, pasando por la efímera presidencia de Manuel Merino —que duró apenas cinco días—, la gestión de Francisco Sagasti, el gobierno de Pedro Castillo que terminó con su intento de autogolpe y posterior arresto en diciembre de 2022, y la administración de Dina Boluarte marcada por protestas masivas, el Perú ha experimentado un nivel de rotación presidencial sin precedentes en América Latina contemporánea.
José Jerí, quien asumió como presidente interino en un contexto de transición hacia las elecciones, no logró escapar de la dinámica congresual que ha convertido la vacancia y la destitución en herramientas casi rutinarias. El Congreso, fragmentado y con bajísimos niveles de aprobación ciudadana, encontró los votos necesarios para removerlo, profundizando la percepción de que en el Perú las instituciones están diseñadas para el conflicto, no para la gobernabilidad.
Las razones detrás de la destitución
La remoción de Jerí responde a una confluencia de factores que mezclan lo político con lo institucional. El Congreso peruano, compuesto por bancadas pequeñas y volátiles sin lealtades partidarias sólidas, opera bajo una lógica donde las alianzas se forman y se disuelven con velocidad sorprendente. En este contexto, la figura del presidente —sea titular o interino— queda permanentemente expuesta a los cálculos de corto plazo de los legisladores.
Algunos analistas señalan que la destitución tiene un componente estratégico vinculado a las próximas elecciones. Diversos sectores del Congreso buscan posicionarse políticamente de cara a los comicios de abril, y la remoción de Jerí podría interpretarse como un movimiento para influir en quién gestiona la transición electoral. Otros observadores apuntan a la incapacidad estructural del sistema político peruano para generar consensos mínimos de gobernabilidad.
La crisis peruana no es solo de personas, sino de un sistema político que incentiva la confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Es importante considerar también la perspectiva de quienes defendieron la destitución. Para algunos congresistas, Jerí no contaba con la legitimidad necesaria para conducir el país en un momento tan delicado, y su gestión presentaba cuestionamientos que justificaban la acción parlamentaria. Sin embargo, incluso quienes comparten esa lectura reconocen que el mecanismo de remoción se ha normalizado de manera peligrosa.
¿Qué viene ahora para el Perú?
La sucesión presidencial debe seguir el orden constitucional establecido, lo que significa que otro funcionario asumirá de manera interina mientras se completa el proceso electoral. No obstante, la incertidumbre es considerable. Cada cambio de mando —por breve que sea— genera disrupciones en la administración pública, en la política económica y en la imagen internacional del país.
Las elecciones de abril se presentan como la gran oportunidad para que el Perú recupere estabilidad institucional. Sin embargo, el panorama electoral no es necesariamente alentador: la fragmentación partidaria que caracteriza al Congreso se replica en la contienda presidencial, con múltiples candidatos y ninguno con una ventaja clara que garantice gobernabilidad tras los comicios.
El riesgo real es que el próximo presidente electo enfrente exactamente el mismo problema que sus predecesores: un Congreso hostil, dispuesto a usar la vacancia como arma política ante el primer desacuerdo significativo. Sin una reforma constitucional profunda que redefina las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, el ciclo tiene altas probabilidades de repetirse.
Una reflexión necesaria sobre la democracia peruana
Desde una perspectiva regional, lo que ocurre en el Perú debería generar preocupación en toda América Latina. La democracia peruana no ha colapsado en el sentido clásico del término —no hay un golpe militar, no hay un autócrata consolidado—, pero sufre de una erosión institucional gradual que puede ser igualmente destructiva. La normalización de las destituciones presidenciales debilita la confianza ciudadana, desincentiva la inversión, y genera un vacío de liderazgo que puede ser aprovechado por fuerzas autoritarias.
Los ciudadanos peruanos merecen algo mejor que un sistema político que parece funcionar en modo de crisis permanente. Las elecciones de abril no son solo una oportunidad para elegir un nuevo presidente; son una oportunidad para que la clase política demuestre que es capaz de anteponer la estabilidad del país a sus intereses particulares. La historia reciente, lamentablemente, no invita al optimismo.
El verdadero desafío del Perú no es elegir un nuevo presidente, sino construir las condiciones institucionales para que pueda terminar su mandato.
Lo que está en juego no es solo la gobernabilidad de un país, sino la credibilidad misma de la democracia como sistema para resolver los problemas de millones de peruanos que esperan, con creciente frustración, que sus instituciones dejen de ser parte del problema.
