La historia política peruana suma un nuevo capítulo a su crónica de inestabilidad. El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. Este martes 18 de febrero se elegiría a un nuevo titular del Legislativo, quien asumiría automáticamente la jefatura del Estado. De concretarse, el país andino tendría a su octavo mandatario en apenas diez años.
La pregunta que resuena en los pasillos del poder, en los directorios empresariales y en las calles de Lima es siempre la misma: ¿puede un país crecer cuando no logra sostener un gobierno por más de un año? La respuesta, a juzgar por las cifras y el clima de negocios, no es alentadora.
Una democracia que no logra estabilizarse
Desde 2016, Perú ha transitado por los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y, brevemente, José Jerí. Cada relevo ha traído consigo crisis institucionales, protestas sociales y un deterioro progresivo de la confianza ciudadana en las instituciones.
El mecanismo de sucesión presidencial a través del presidente del Congreso, contemplado en la Constitución, se ha convertido en una herramienta recurrente. Lo que fue diseñado como una válvula de escape para situaciones excepcionales se ha normalizado, revelando fracturas profundas en el sistema político peruano.
Ocho presidentes en diez años no es solo una anomalía estadística: es el síntoma de un sistema político que ha perdido la capacidad de generar consensos mínimos para gobernar.
La fragmentación del Congreso, donde conviven decenas de bancadas sin mayorías claras ni coaliciones estables, alimenta un ciclo de confrontación permanente. Las censuras, las vacancias y los relevos no resuelven los problemas de fondo; solo los postergan.
El impacto económico de la rotación presidencial
Para el sector empresarial peruano, cada cambio de gobierno significa una parálisis en las decisiones de inversión. Los proyectos de infraestructura se detienen, los contratos se revisan, los equipos técnicos se renuevan y las prioridades cambian. Es un ciclo que destruye valor y competitividad.
Gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Cámara de Comercio de Lima han reiterado su preocupación por la falta de predictibilidad. Sin un horizonte político claro, las empresas postergan inversiones, los capitales migran hacia mercados más estables y el empleo formal se resiente.
Perú, que durante dos décadas fue considerado una de las economías más dinámicas de América Latina gracias a su disciplina fiscal y apertura comercial, ha visto cómo su ventaja competitiva se erosiona. La inversión privada, motor histórico del crecimiento peruano, se ha contraído en varios trimestres consecutivos, y la recuperación post-pandemia ha sido más lenta de lo esperado.
Los empresarios no piden un gobierno de derecha ni de izquierda; piden un gobierno que dure lo suficiente como para implementar políticas públicas coherentes y sostenidas en el tiempo.
¿Qué esperan los actores económicos del próximo presidente?
Las expectativas del sector privado son, paradójicamente, modestas. No se trata de grandes reformas estructurales —que serían ideales pero irrealistas en el contexto actual—, sino de condiciones mínimas para operar: respeto a los contratos, estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y un mensaje claro de que el Estado no será un obstáculo para la actividad productiva.
Entre las demandas más urgentes figura la reactivación de proyectos mineros paralizados, un sector que representa cerca del 10% del PBI y más del 60% de las exportaciones peruanas. También se reclama avances en la simplificación burocrática, la lucha contra la inseguridad ciudadana —que afecta directamente al comercio y al turismo— y una política fiscal que mantenga los equilibrios macroeconómicos.
Sin embargo, hay voces que advierten que el problema trasciende al ocupante de Palacio de Gobierno. La politóloga y analista Rosa María Palacios ha señalado en múltiples ocasiones que mientras el Congreso siga siendo un espacio de transacción y no de deliberación democrática, cualquier presidente será rehén de las mayorías circunstanciales del Legislativo.
Entre el pragmatismo y la resignación
Existe una corriente de opinión entre empresarios y analistas que ha optado por una suerte de pragmatismo resignado: asumir que la inestabilidad política es un dato estructural del Perú contemporáneo y adaptarse a ella. Diversificar mercados, blindar contratos con cláusulas de arbitraje internacional y mantener operaciones con el menor contacto posible con el aparato estatal.
Pero este enfoque tiene límites evidentes. Las pequeñas y medianas empresas, que generan la mayor parte del empleo, no tienen la capacidad de blindarse ante la incertidumbre. Son ellas las que más sufren cuando un cambio de gobierno trae consigo nuevos funcionarios, nuevas prioridades y nuevos obstáculos burocráticos.
La ciudadanía, por su parte, oscila entre la indignación y la apatía. Las encuestas muestran niveles de aprobación del Congreso que no superan el 10%, mientras que la desconfianza en los partidos políticos alcanza cifras récord. Este divorcio entre la clase política y la sociedad es el caldo de cultivo perfecto para liderazgos populistas y aventuras autoritarias.
Un llamado a la reflexión, no solo al cambio de nombres
El octavo presidente en diez años no será, por sí mismo, la solución ni el problema. El verdadero desafío del Perú es construir instituciones políticas que funcionen más allá de las personas que las ocupan. Mientras el debate siga centrado en quién ocupa el sillón presidencial y no en cómo se reforma el sistema que lo produce, el país seguirá atrapado en un ciclo de inestabilidad que castiga a los más vulnerables y ahuyenta las oportunidades de desarrollo.
Los empresarios lo saben. La ciudadanía lo intuye. La clase política, aparentemente, prefiere no enterarse.
