A medida que se acerca el proceso electoral de 2026, una pregunta fundamental emerge en el debate político peruano: ¿qué candidatos realmente defienden el modelo económico establecido en nuestra Constitución? Un reciente estudio de Macroconsult ha intentado responder esta interrogante evaluando las propuestas de más de 30 precandidatos presidenciales, revelando un panorama complejo que merece reflexión profunda.
El análisis no se trata simplemente de etiquetar a los candidatos como "pro mercado" o "estatistas". La realidad es mucho más matizada. El capítulo económico de la Constitución de 1993 establece un marco que combina la libre iniciativa privada con la responsabilidad social del Estado, creando un equilibrio que ha sido objeto de interpretaciones diversas durante tres décadas.
La complejidad del modelo económico peruano
El régimen económico constitucional peruano no es un modelo puramente neoliberal, como algunos críticos sugieren, ni tampoco permite una intervención estatal ilimitada. Reconoce la economía social de mercado, donde el Estado actúa como regulador y promotor del empleo, garantizando la libre competencia mientras protege a los consumidores y usuarios.
Esta complejidad se refleja en las posiciones de los candidatos evaluados. Algunos abrazan completamente la apertura de mercados y las privatizaciones, mientras otros proponen mayor regulación estatal sin necesariamente romper con el marco constitucional. La clave está en encontrar ese punto de equilibrio que permita el crecimiento económico sostenible con inclusión social.
"No se trata de elegir entre Estado o mercado, sino de encontrar la combinación óptima que genere prosperidad compartida para todos los peruanos."
Matices en las propuestas económicas
Las diferencias entre candidatos no siempre son tan evidentes como podrían parecer en primera instancia. Algunos que aparentemente defienden el modelo actual proponen modificaciones significativas en sectores específicos como minería o telecomunicaciones. Otros, catalogados como más intervencionistas, mantienen posiciones pragmáticas sobre la inversión privada en infraestructura.
Es particularmente interesante observar cómo las propuestas sobre privatizaciones dividen incluso a candidatos del mismo espectro político. Mientras algunos ven en las empresas públicas un obstáculo para la eficiencia, otros las consideran herramientas estratégicas para el desarrollo nacional. Esta diversidad de enfoques refleja la madurez del debate económico en el país.
El desafío de la coherencia programática
Uno de los aspectos más preocupantes que emerge del análisis es la falta de coherencia programática en algunos candidatos. Es común encontrar propuestas que, por un lado, defienden la libre competencia, pero por otro, sugieren controles de precios o subsidios generalizados que podrían distorsionar los mercados.
Esta inconsistencia no es necesariamente producto de mala fe, sino que puede reflejar la presión de satisfacer demandas electorales contradictorias. Sin embargo, genera interrogantes sobre la viabilidad real de implementar estas propuestas sin generar conflictos internos en las políticas públicas.
La importancia del contexto internacional
No podemos analizar las propuestas económicas de los candidatos sin considerar el contexto internacional actual. La pandemia, los conflictos geopolíticos, la inflación global y los desafíos climáticos han modificado las reglas del juego económico mundial. Los candidatos que mejor entiendan estas dinámicas estarán mejor posicionados para liderar el país en los próximos años.
Algunos candidatos han logrado adaptar sus propuestas a estas nuevas realidades, incorporando elementos de sostenibilidad ambiental y digitalización económica. Otros mantienen enfoques más tradicionales que podrían resultar insuficientes para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Hacia una decisión informada
El estudio de Macroconsult nos brinda una herramienta valiosa para evaluar a los candidatos, pero no debe ser el único criterio de decisión. Los votantes deben considerar también la capacidad de liderazgo, la experiencia en gestión pública, la integridad personal y la capacidad de generar consensos políticos.
La elección de 2026 será crucial para definir el rumbo económico del país en la próxima década. Más que buscar pureza ideológica, necesitamos candidatos pragmáticos que entiendan las complejidades del modelo económico peruano y puedan adaptarlo a los desafíos contemporáneos sin perder de vista los objetivos de crecimiento e inclusión social.
El debate debe continuar, pero con mayor profundidad y menos polarización. Solo así podremos tomar la mejor decisión para el futuro económico del Perú.
